JC Rueda
Derecho militar

Prejudicialidad penal en el ámbito sancionador militar

Cuando un militar es investigado a la vez en vía penal y disciplinaria por los mismos hechos, el expediente debe esperar.

Dos caminos que salen de una misma gorra militar: uno se detiene ante un semáforo y espera a que el otro, que lleva a un juzgado, termine.

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Resumen

La LO 8/2014 permite tramitar a la vez el procedimiento penal y el disciplinario, pero impide resolver este último hasta que haya sentencia penal firme, cuyos hechos probados vinculan a la Administración. El principio non bis in idem impide sancionar dos veces cuando hay identidad de sujeto, hecho y fundamento. Se analiza la prejudicialidad penal, la normativa vigente (Leyes 39/2015 y 40/2015), el papel de los tribunales y el caso de la condena penal como falta disciplinaria.

Materias: prejudicialidad penal, non bis in idem, régimen disciplinario militar, LO 8/2014, suspensión del procedimiento, Fuerzas Armadas

Una situación común en la práctica es encontrarnos con militares que están siendo investigados en un procedimiento penal y en vía disciplinaria a la vez. En principio, nada obsta a que ambos procedimientos coexistan y protejan distintos bienes jurídicos protegidos. No obstante, cuando apreciamos la existencia de dos procedimientos encaminados a sancionar a las mismas personas, por los mismos hechos y por el mismo motivo, nos encontramos frente a una injusticia que debe frenarse inmediatamente.

La norma de referencia es la Ley Orgánica 8/2014, de 4 de diciembre, de Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas. Su artículo 4 regula la concurrencia de ambas vías con un matiz que conviene precisar: la apertura de un procedimiento penal no impide incoar ni tramitar el expediente disciplinario por los mismos hechos, pero la resolución definitiva de ese expediente no puede dictarse hasta que la resolución penal sea firme, y la declaración de hechos probados que esta contenga vincula a la Administración. Además, solo cabe imponer sanción penal y disciplinaria por los mismos hechos cuando no haya identidad de fundamento jurídico y de bien jurídico protegido. Lo que se paraliza, por tanto, no es tanto la instrucción como la decisión. Se da así una preferencia por los procedimientos judicializados, por sus garantías inherentes y por la mayor gravedad que presenta una acción penal, que, recordemos, debe ser el último recurso al que acudir para sancionar la conducta de una persona.

Non bis in idem

Los motivos de la existencia de esta excepción de carácter procesal responden no sólo a las causas anteriores, que apuestan por la preferencia por el proceso penal, sino que también se encuentra encaminado a la evitación del “bis in idem” (la aplicación de dos sanciones por lo mismo), que implicaría un funcionamiento anormal contrario al principio de legalidad (art. 9.3 y 25 de la Constitución Española) y el derecho a un proceso justo (art. 24 de la Carta Magna), garantías consagradas en nuestra Constitución dignas de máxima protección.

La atención que debe prestar el investigado (o su defensa) debe ser máxima a la hora de detectar este tipo de situaciones. Principalmente porque, pese a que se trata de una garantía procesal, es más que conveniente poner en conocimiento desde el primer momento la posible vulneración de un derecho fundamental, como sin lugar a dudas ocurriría en situaciones como las descritas, y todo ello pese a que después – mediante resolución – se estime que el mismo hecho lesiona dos bienes jurídicos distintos.

Suspensión del procedimiento administrativo en favor del penal

El principio de la autotutela administrativa implica la ejecutividad directa de una resolución administrativa que haya devenido firme, lo que permite hacer efectivo su acuerdo ejecutándose por la misma Administración, sin intervención de otros órganos ni el Poder Judicial. Por este motivo, no podemos simplemente alegar la prejudicialidad olvidando el procedimiento administrativo, dado que éste podría continuar por sus trámites habituales y culminar en una resolución ejecutable per se, indistintamente del fallo de la sentencia en vía penal. Otro motivo más que empuja a solicitar oportunamente la suspensión del procedimiento administrativo.

El régimen general del Derecho administrativo sancionador, aplicable con carácter supletorio, apunta en la misma dirección. El artículo 31.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, prohíbe sancionar los hechos que ya lo hayan sido penal o administrativamente cuando se aprecie la triple identidad de sujeto, hecho y fundamento. Y el artículo 77.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común, dispone que los hechos declarados probados por resoluciones judiciales penales firmes vinculan a la Administración en los procedimientos sancionadores que tramite. Estas dos leyes sustituyeron en 2016 a la antigua Ley 30/1992 y al Real Decreto 1398/1993, cuyo artículo 7 contenía una regla de suspensión semejante y que todavía aparece citado con frecuencia.

Nuestro Alto Tribunal (STS 16 diciembre 2002, Sala de lo Militar) ha determinado que el momento procesal válido para su alegación es cualquiera, “y en todo caso antes de adoptarse la resolución definitiva”. La preferencia del orden penal es, además, un principio general del ordenamiento que se expresa también en el ámbito judicial: el artículo 10.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial ordena suspender el procedimiento cuando exista una cuestión prejudicial penal de la que no pueda prescindirse para resolver, y el artículo 114 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal impide seguir pleito sobre el mismo hecho mientras esté pendiente la causa criminal.

En la misma línea, la Ley de Enjuiciamiento Civil, supletoria de los demás procesos judiciales, recoge en su artículo 40.2 la procedencia de la suspensión (1) cuando se acredite la existencia de causa penal en la que se estén investigando hechos de apariencia delictiva en que se funde el otro procedimiento y (2) cuando la decisión del tribunal penal tenga influencia decisiva sobre el otro asunto. Estos preceptos regulan procesos judiciales y no el expediente disciplinario, pero sirven de apoyo interpretativo para defender la suspensión.

Rol de los Tribunales y principio non bis in idem

Así las cosas, cuando los hechos están sometidos al proceso penal son precisamente los Tribunales del orden penal quienes tienen la responsabilidad de realizar la calificación de los hechos, no pudiéndose anticipar ni prejuzgar dicha calificación por parte de la Administración Militar sancionadora, y todo ello principalmente por crear “el riesgo de contradicción con un fallo de la Jurisdicción del orden penal que entiende del asunto” (STS Sala de lo Militar 8/1997 de 6 de febrero).

Nuestra doctrina constitucional, desde la STC 2/1981, de 30 de enero, reconoce que el non bis in idem, aunque no aparece expresamente en la Constitución, está íntimamente unido a los principios de legalidad y tipicidad de las infracciones del artículo 25, y proscribe la ilegalidad flagrante que supone castigar un mismo hecho doblemente. Ello ha sido confirmado por multitud de sentencias (SSTS 622/2005 de 27 de mayo, 505/2006 de 10 de mayo, ad exemplum). Fallos como el recogido en la STC 188/2005 determinan que “en la medida en que el ius puniendi aparece compartido en nuestro país entre los órganos judiciales penales y la Administración, el principio non bis in idem opera, tanto en su vertiente sustantiva como en la procesal, para regir las relaciones entre el ordenamiento penal y el Derecho Administrativo sancionador”. Y en el mismo sentido, la STC 2/2003 establece que “en el Estado constitucional de Derecho ningún poder público es ilimitado, por tanto, la potestad sancionadora del Estado, en cuanto forma más drástica de actuación de los poderes públicos sobre el ciudadano, ha de sujetarse a estrictos límites”.

Hay, con todo, un matiz propio del régimen militar que no debe perderse de vista. La propia LO 8/2014 tipifica como falta disciplinaria muy grave haber sido condenado por sentencia firme por determinados delitos dolosos. En estos casos la condena penal no cierra la vía disciplinaria, sino que constituye el presupuesto de la sanción, y la jurisprudencia lo admite por entender que el fundamento es distinto: la protección de la disciplina y del servicio. Es precisamente por esta vía por la que, en la práctica, acaba recayendo sanción penal y disciplinaria sobre un mismo episodio. Por eso conviene examinar con cuidado en cada caso si de verdad concurre la triple identidad.

Todo ello no debe considerarse una debilidad del sistema, sino precisamente una limitación del poder sancionador estatal que sirve condición de radical importancia para la legitimación en el ejercicio de tal potestad, en tanto que la seguridad jurídica y la libertad (art. 9.3 y 1.1 de la Constitución, respectivamente) son valores superiores en nuestro ordenamiento que siempre han de ser respetados.