Categoría: derecho constitucional

Derechos Humanos y nuevas tecnologías (II). Positivización y derechos humanos de tercera generación.

El panorama jurídico general y predominante en nuestra cultura obstaculiza la resolución de los retos que la sociedad globalizada nos plantea. Los teóricos del derecho ya han advertido la existencia de claras obstaculizaciones a la adecuación de los Derechos Humanos a ésta realidad, que implican problemas de diversa índole: la reducción lógico-formal propia de nuestra cultura que provoca falta de interdisciplinariedad (ajena al pluralismo jurídico), así como una interpretación de los Derechos Humanos aislada de la fenomenología social e histórica -iusnaturalismo-, o el convencimiento de que la legitimidad de éstos derechos se obtienen únicamente por reconocimiento estatal -el positivismo del que antes hemos hablado-, etc.

La cultura igualmente tiene una influencia decisiva en este problema, pues la concepción actual de los Derechos Humanos se ha basado en la cultura estatalista, el capitalismo y la razón científica (propio de la Europa occidental y EEUU). Parece entendible que SÁNCHEZ RUBIO opine que tal estructura resulte determinante, naturalizando las diferencias socioculturales, y pudiendo llegar a ocultar intereses imperialistas. En la práctica, las posturas escepticistas esgrimen curiosamente como argumento desvalorizador de la utilidad de los Derechos Humanos la falta de congruencia entre “el dicho y el hecho”, así como el conformismo basado en la presencia estática de esta idea.

La educación influye de manera decisiva en el comportamiento de las personas, y ciertos autores piensan que no se han hecho esfuerzos por educar en una cultura que favorezca la asimilación de ésos derechos y que, por ende, redunden en actos respetuosos con éstos. Aunque las protecciones estatales son imprescindibles, los Estados han preferido la positivización antes que crear una cultura de Derechos Humanos que influyera en el comportamiento social. Estos problemas se unen a que las regulaciones actuales no obedecen a la necesaria interactividad y transversalidad disciplinar que deberían cristalizar en tales derechos.

Ante las necesidades humanas del mundo globalizado e inmerso en la era tecnológica parecería adecuado el reconocimiento de determinados Derechos Humanos a tal fin (Derechos Humanos de tercera generación). Desgraciadamente, la formación ex novo de Derechos Humanos no está exenta de problemas. La falta de reconocimiento de capacidad de creación de Derechos Humanos está motivada en gran parte por el excesivo peso histórico de las situaciones “características” que motivaron tales reconocimientos, así como los colectivos implicados en su desarrollo.

El profesor SÁNCHEZ RUBIO defiende firmemente que ese determinismo histórico no puede ser excusa para negar la creación de Derechos Humanos, pues a lo largo de la historia en todas las épocas han aparecido procesos de absolutización de distintas expresiones del poder con sus correspondientes luchas de resistencia.

Parece que, en la formación de los Derechos Humanos, un patrón inmutable resulta inadecuado: las manifestaciones históricas de reivindicaciones de derechos nos han enseñado que metodológicamente existen esquemas que sirven, y que pueden servir para proyectarlos a la sociedad actual mediante la adecuación de dicho sistema, o bien por el contrario con prácticas completamente distintas, pero en ambos casos no deben ser indiferentes frente a las circunstancias en tiempo y espacio, evaluando los conflictos de intereses que pudieran acaecer. La conexión con el ámbito circunstancial de esas exigencias sociales es esencial para la correcta formación de tales derechos. Resumiendo la evolución generacional de los Derechos Humanos nos encontraríamos con:

  • Derechos Humanos de Primera Generación. Son los denominados derechos de defensa, basados en la defensa del individualismo (por clara influencia de las luchas sociales del siglo XIX). Están caracterizados por establecer una tutela pasiva, evitando la injerencia de los poderes públicos en la esfera privada.
  • Derechos Humanos de Segunda Generación. Fundamentalmente, derechos económicos, sociales y culturales. Ocurren por el tránsito del Estado liberal de Derecho por el Estado social de Derecho. Aparecen los derechos de participación, derechos activos. Ofrecen la participación en la vida política, así como distintas prestaciones y servicios públicos.
  • Derechos Humanos de Tercera Generación: son los denominado derechos de complemento por la “contaminación de las libertades” (liberties pollution), por causa de las nuevas tecnologías en definitiva.

Tanto los Derechos Humanos de Primera como de Segunda Generación están regulados por los Pactos de la ONU de 1996, y algunos autores critican la pasividad ante la necesidad de un tercero que complete a los dos anteriores. Los Derechos Humanos de Tercera Generación engloban adaptaciones de los derechos preexistentes y crean otros nuevos, y son el puro reflejo de las demandas sociales que existen en la actualidad. Abarcan derechos de solidaridad, protección al patrimonio artístico, calidad de vida, reivindicaciones (de género, paz, libertad informática…), ciberciudadanía, garantías biotecnológicas, conservación del medio ambiente, protección de los consumidores… y por supuesto no podrían faltar los derechos de la era tecnológica.

Los Derechos Humanos se han caracterizado precisamente por su carácter eminentemente evolutivo, y por ser fruto de cambios lentos y paulatinos en la sociedad. Si bien el proceso de positivización de los Derechos Humanos en el pasado no sufre demasiadas complicaciones, la aparición de las nuevas tecnologías y las TIC plantean la complicada tarea de encuadrar tales fenómenos en categorías jurídicas para su adaptación a la nueva era. Además se nos presenta un hecho evidente: según BARRIO ANDRÉS, existe un desfase entre la sociedad política y la sociedad civil, siendo la evolución del Derecho más lenta que la de la sociedad civil, y siendo el derecho el que deba amoldarse a la realidad y no al revés.

Internet es el paradigma del avance tecnológico que supone la existencia de un sistema de comunicaciones mundial. Su constitución como un nuevo espacio de convivencia humano sin precedentes requiere, pese a los intentos primarios de libertad absoluta, de una regulación de tales espacios, puesto que la experiencia empírica ha demostrado tal necesidad, imperando en caso contrario la ley del más fuerte. Debemos entender ante todo que Internet es, al fin y al cabo, una invención humana (otro método más de comunicación, aunque revolucionario) y que igual que la biología está modulada por el bioderecho, Internet debe tener una regulación, en tanto que son invenciones que se integran en la arquitectura social.

En los Derechos Humanos de Tercera Generación tienen especial incidencia en las nuevas tecnologías los llamados derechos de la personalidad (intimidad, propia imagen, honor, protección de datos…), en tanto que presentan aristas dignas de mención. También tiene una importancia extrema la protección de datos: como explica PÉREZ LUÑO, la progresiva implantación de bases de datos con información sensible se erige como uno de los principales problemas, así como el peligro de asalto mediante técnicas informáticas maliciosas a los derechos y libertades ciudadanas. Continúa advirtiendo que valores tan importantes como la libertad (por el uso de técnicas informáticas de control del individuo o la colectividad) o la igualdad (por la disparidad entre quienes tengan acceso al poder informático y quien no) son de la misma forma afectados por el progreso tecnológico en relación a las TIC.

De la misma forma, los derechos de propiedad intelectual se protegen, además de por consideraciones de índole económica, porque también respeta “el derecho de las personas al fruto de su esfuerzo y talento”, teniendo cabida dentro del derecho al honor. Y además de todas estas intromisiones, restan los delitos. Realmente nuestra legislación penal tiene la característica de recoger en abstracto bienes jurídicos protegidos que son realizados a través de medios informáticos, por lo que serán delitos informáticos cuando simplemente medie la intervención de medios informáticos en la comisión de éste.

No podemos dejar de lado la cooperación de los organismos internacionales y nacionales de combate de la cibercriminalidad. Como subraya SÁNCHEZ BRAVO, es una realidad el hecho de que se perpetren continuamente ataques contra empresas a diario, pero éstas no suelen denunciarlo, detectarlo o subsanarlo: bien por la propia mala imagen profesional que proyectaría, o por la limitada experiencia de los administradores de redes.

Bibliografía:

Encantos y Desencantos de los Derechos Humanos. De emancipaciones, liberaciones y dominaciones. SÁNCHEZ RUBIO, D. (Ed. Icaria Antrazyt)
Repensar Derechos Humanos. De la anestesia a la sinestesia. SÁNCHEZ RUBIO, D. Pag. 11-13. (Ed. Mad)
Repensar Derechos Humanos. De la anestesia a la sinestesia. Pag. 32. SANCHEZ RUBIO, D.(Ed. Mad). Según el
autor las estructuras de trabajo no han sido flexibles y han sido aplicadas de la misma forma a otros paradigmas
espacio-temporales, desgastando el sentido político inherente de los Derechos Humanos.
Los Derechos Humanos en la Sociedad Tecnológica. Pág. 16-25. PÉREZ LUÑO, A.E. (Ed. Universitas)
Los delitos cometidos en Internet. Marco comparado, internacional y derecho español tras la reforma penal de 2010. Pág. 1 de 18. BARRIO ANDRÉS, M., en La Ley Penal nº86 (Ed. La Ley)
“Libertades y derechos de la persona en Internet: retos en materia de reconocimiento y tutela de los derechos fundamentales ante el paradigma tecnológico de la sociedad del siglo XXI” TERUEL LOZANO, G.M., en pág. 4041 de Desafíos para los derechos de la persona ante el siglo XXI: Internet y Nuevas Tecnologías, TERUEL LOZANO, G.M. – PÉREZ MIRAS, A. – CARLO RAFFIOTTA, E. (Ed.Thomson Reuters – Aranzadi)
Los delitos cometidos en Internet. Marco comparado, internacional y derecho español tras la reforma penal de 2010. Pág. 2 de 18 BARRIO ANDRÉS, M., en La Ley Penal nº86 (Ed. La Ley)
El Convenio del Consejo de Europa sobre Cibercrimen: Control vs. Libertades Públicas. SÁNCHEZ BRAVO, A.A. Pág. 1851 en Diario La Ley nº5528, sección “Doctrina” (Ed. La Ley)

Derechos Humanos y nuevas tecnologías (I). Introducción. Derecho natural y positivo.

Podríamos entender los Derechos Humanos como unos derechos que posee el ser humano por el hecho de serlo, por su propia naturaleza y dignidad. No se obtienen por concesión política, sino por el mero hecho de ser humano. Según PÉREZ LUÑO, si pidiéramos una definición de “Derechos Humanos” a cualquier persona, la vacilación con la que responderá no dependerá tanto del razonamiento sobre el concepto, sino propiamente por la inherencia de éstos conceptos con la vida humana, lo que parece comprensible al integrarse en el “patrimonio del lenguaje común”, influido por las vicisitudes históricas y sociales del momento.

El hombre de la Edad Media también tenía derechos (recordemos que procedían de una tradición estoicista y cristiana, donde priman los valores como la “igualdad humana”), aunque no fueran reconocidos de forma política. La conciencia de su existencia sí que es propia de tiempos modernos, pero no implican la negación de ése carácter innato: así también lo cree PÉREZ LUÑO, y lo corrobora explicando la inherencia de la génesis de los Derechos Humanos a las revoluciones burguesas y el ambiente del S. XVIII.

De hecho, no se aprecian claramente hasta el clima ilustrado de la modernidad, donde ocurren como expresión de un paradigma basado en facultades de índole jurídica y política dotadas a los hombres. La evolución desde aquella época a la actual, por la inevitable influencia de las circunstancias jurídicas y fácticas de nuestra sociedad (la aparición de postulados racionalistas, el valor de la historia, etc.), nos ha llevado a dotar de un estatus privilegiado a los Derechos Humanos, considerándolos propios de la humanidad.

Aunque no se requiera específicamente un reconocimiento estatal de tales derechos para su existencia, esta preeminencia de los Derechos Humanos sobre todo lo demás se concreta en las consagraciones que existen en las Constituciones de los Estados de Derecho (fundamentalmente), donde su respeto sirve como criterio de legitimidad del propio poder de la ley.

Para DWORKIN, resulta evidente que si el Gobierno no se toma los derechos en serio, tampoco se está tomando con seriedad el Derecho. Resulta curioso, pues es justo la lucha contra la opresión política y las injusticias estatales la que ha servido de germen para la proliferación de los Derechos Humanos. Las asimetrías sociales se han erigido como el principal motor reivindicativo a lo largo de la historia, exigiendo el reconocimiento de la capacidad de los grupos afectados para luchar por tales derechos, lo cual implica la “liberación” de la opresión y el reconocimiento institucional de esas garantías.

El fundamento de los Derechos Humanos versa en gran parte respecto a su positivización. La doctrina sostiene distintas tesis frente a su fundamentación, difiriendo sustancialmente en la fundamentación moral o ética. Respecto a la “positivización” de los Derechos Humanos se sostienen igualmente otras que en lo siguiente analizaremos.

En tanto hemos visto que son derechos inherentes a la condición humana, el proceso de positivización de esas ideas parece más apropiado para los Derechos Fundamentales que para los Derechos Humanos, y respecto a dicha positivización se esgrimen varias teorías que resumen en esencia las opiniones frente a éste tema.

Dentro de ellas encontramos la clásica división entre iusnaturalistas y positivistas: los primeros creerán que la fundamentación de éstos derechos se encuentran en el orden natural, los segundos que son simplemente normas, carentes de criterios de valoración en sí. ¿Tiene entonces sentido contemplar de forma positiva unos derechos inherentes a la condición humana?

Existen tres agrupaciones de corrientes que se analizarán brevemente para entender el abanico de posiciones doctrinales existentes. Encontramos a los positivistas, los cuales afirman que el único derecho existente es el que ha creado el hombre para el hombre para su autorregulación y, al contrario que los iusnaturalistas, consideran el reconocimiento positivo del derecho como condición básica para su existencia. El pensamiento de que existen normas innatas, en opinión de este grupo, son inaceptablemente metafísicos. BENTHAM advertirá del peligro que supone antener la teoría de los derechos naturales al provocar un continuo clima de resistencia a todas las leyes fueran cuales fueran, manteniendo el espíritu insurrecto ante cualquier forma de gobierno (legitimando la deslegitimación, se podría decir).

También aparecen las posturas realistas, que condicionan la positivización a las condiciones económicas y sociales que permiten disfrutar de esos derechos: derechos que precisamente el hombre ha ido exigiendo a lo largo de la historia. Así los realistas encontrarían la práctica de los derechos fundamentales no en su constitución, sino en las relaciones de poder que le sirven de soporte (teoría esgrimida en gran parte por el movimiento socialista).

Por último tenemos a los iusnaturalistas, que defienden la existencia de un derecho natural, anterior a todo derecho positivo, que precisamente fundamenta la existencia de los Derechos Humanos por tener la misma naturaleza (para ellos los derechos no se otorgan; no son una concesión, sino que se reconocen en su preexistencia y se cumplen) y opinan que la función del proceso de positivización se constituye como una declaración, no una creación o constitución.

Cabría decir respecto a las posturas del derecho natural que en épocas del iusnaturalismo racionalista (s. XVII y XVIII), en tiempos donde se consolidaba la noción de derecho subjetivo, el reconocimiento de unos derechos inherentes al hombre que la ley ha de garantizar otorga un estatus privilegiado y central a éstos derechos, donde este mismo se antepone a la organización jurídica y política incluso, lo que ha provocado la proliferación de Declaraciones de Derechos y la gravitación de las Constituciones en torno a tales, encontrando incluso la justificación científica de la existencia del Derecho desde cualquier dimensión teórica.

Bibliografía:
«Los Derechos Humanos». TRUYOL Y SERRA, A. (Ed. Tecnos)
«Derechos Humanos, Estado de Derecho y Constitución». PÉREZ LUÑO, A.E. (Ed. Tecnos)
«La Tercera Generación de Derechos Humanos». PÉREZ LUÑO, A.E. (Ed. Aranzadi)
«Repensar Derechos Humanos. De la anestesia a la sinestesia». SÁNCHEZ RUBIO, D. (Ed. Mad).
«Los Derechos Humanos como derechos subjetivos». VIDAL GIL, E.J. en «Derechos Humanos» (Ed. Tecnos). VV.AA.
«Lecciones de Teoría del Derecho y Derecho Natural». FERNÁNDEZ GALIANO, A.; DE CASTRO CID, B. (Ed. Universitas)

Deber de sigilo y Ley de Secretos Oficiales

El artículo 18.4 de la Constitución Española reconoce el habeas data, estableciendo limitaciones al uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal de los ciudadanos, así como el pleno ejercicio de tales derechos. Se reconoce, por tanto, un derecho fundamental a la protección de datos de carácter personal.

El Tribunal Constitucional [STC 94/1988] lo ha interpretado en el sentido de considerarlo una garantía para la persona sobre el control de sus datos, así como su uso y destino, con el fin de «evitar el tráfico ilícito de los mismos o lesivo para la dignidad y los derechos de los afectados; de esta forma, el derecho a la protección de datos se configura como una facultad del ciudadano para oponerse a que determinados datos personales sean usados para fines distintos a aquél que justificó su obtención”.

Como sabemos, un derecho fundamental no implica únicamente la existencia de una acción para proteger un derecho, sino que también conlleva la implicación por parte de la Administración, que refuerza la garantía en el ejercicio de ese derecho. Entre todas esas obligaciones de la administración pública se encuentra el deber de sigilo.

Al margen de lo establecido en el artículo 10 de la LOPD’1999 y en el artículo 5 de la LOPD’2018, el deber de sigilo y discrección está previsto específicamente en el art. 80 de la Ley de Funcionarios Civiles del Estado, y la infracción de este deber funcionarial puede constituir tanto una falta administrativa como un ilícito penal, teniendo en cuenta las circunstancias concretas del hecho. Así, cuando la infracción de dicho deber ocasione un perjuicio menor puede ser calificado de infracción administrativa [art. 7.1 RD 33/1986 10 enero del Régimen Disciplinario de los Funcionarios de la Administración del Estado] mientras que cuando adquiera cierta relevancia caerá en el merco del ilícito penal del artículo 417 del Código Penal [revelación de secretos por funcionario público].

Nuestra jurisprudencia [véase al respecto SAN 14/9/2002] establece que el deber de sigilo es una «exigencia elemental y anterior al propio reconocimiento del derecho fundamental a la libertad informática a que se refiere la STC 292/2000”, esencial para la protección de derechos fundamentales “como la intimidad o el derecho a la protección de datos que recoge el artículo 18.4 de la CE«. Véase SSAN 14 septiembre 2002 y 13 abril 2005.

Se ha interpretado que dicho deber no se infringe por el acceso a la información, sino simplemente con no haber actuado conforme a los protocolos existentes para salvaguardar el derecho a la intimidad de la persona cuyos datos se procesan. Concretamente, la misma sentencia citada llega a decir que “el deber de secreto o confidencialidad se infringe desde el momento en que se permite acceder a terceros a los datos en cuestión”, no requiriendo que se produzca la consumación del acto.

Veamos ahora qué ocurre con los secretos militares y, en concreto, con la clasificación de documentos. Conforme al artículo 6 de la «Política de Seguridad de la Información del Ministerio de Defensa«, publicada en el B.O.D. Nº. 103 de 29-5-2006, existen ciertas materias objeto de reserva interna, que tienen la consideración de documentos «confidenciales» y de «difusión limitada«. Conforme al apartado 4 del mismo artículo, se considera «información no clasificada» entre otras, las denominadas de USO OFICIAL, que corresponde a información cuya distribución está limitada al Ministerio de Defensa y órganos relacionados.

El art. 34 del Decreto 242/1969, de 20 de febrero, por el que se desarrollan las disposiciones de la Ley 9/1968, de 5 de abril sobre Secretos Oficiales, establece que la difusión o publicación de material de carácter reservado constituye una falta muy grave, determinándose en el resto de casos la gravedad por el análisis determinado de la naturaleza de la infracción y posibles consecuencias que de ella pudieran derivarse.

Así mismo, en el documento de «Política de Seguridad de las TIC» [CCN-STIC 001] relativas a la Seguridad de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones que maneja información clasificada en la Administración [junio 2016, Centro Nacional de Inteligencia – Ministerio de la Presidencia de España] se establecen los siguientes niveles de clasificación:

Comparativa de clasificación documental. Clasificación nacional, europea, de la OTAN, y categoría según el Esquema Nacional de Seguridad

Ante la posible calificación errónea -o intencional- de un documento confidencial como desclasificado, resulta interesante solicitar al Secretario de Estado Director del Centro Nacional de Inteligencia atento oficio a fin de interpretar y calificar el incidente de seguridad, como así deviene competente por aplicativo del art. 3 de la OM 76/2006 19 mayo por la que se aprueba la política de seguridad de la información del Ministerio de Defensa.

La clasificación errónea de un documento de categoría CONFIDENCIAL en p. ej. USO OFICIAL constituye una infracción grave de la Ley de Secretos Oficiales, conlleva sanciones disciplinarias muy graves y conllevará determinados efectos si quedan incorporados a un procedimiento administrativo. El caso más común es el expediente disciplinario que se califica como desclasificado o uso oficial, de libre acceso al público o limitado a la institución militar, en vez de CONFIDENCIAL.

Respecto al alcance de un pronunciamiento reparador, nada obsta para aplicar el antiguo artículo 46 LOPD’1999 [77.2 de la nueva LOPD’2018], que establecía en su capítulo de «Infracciones y Sanciones» que si las infracciones fueran cometidas en ficheros de titularidad pública o tratamientos cuyos responsables sean de dicha naturaleza, el órgano sancionador debe dictar resolución estableciendo las medidas que procede adoptar para que cesen o corrijan los efectos de la infracción, proponiendo a su vez la iniciación de actuaciones disciplinarias si proceden.

Dichas medidas suelen alcanzar la anulabilidad [con posibilidad de posterior convalidación mediante la facutad de revisión de oficio, por ejemplo] y no la nulidad radical. Debemos tener en cuenta que el TS ha matizado [STS 20/7/2005] que la nulidad «no la provoca cualquier irregularidad procedimental, sino sólo aquellas de gravedad extrema«, definiendo aquello de «ausencia absoluta y total del procedimiento» como aquella actuación administrativa que ha seguido un camino «totalmente diferente» o por «haberse omitido sus principales trámites«.

No hay plazo para interponer recurso contencioso ante silencio

La impugnación contencioso-administrativa de un acto desestimado por silencio administrativo NO está sometida los plazos de caducidad del art. 46.1 LJCA. Así lo ha establecido el Tribunal Constitucional en la sentencia que hoy analizamos.

La Ley no obliga al ciudadano a recurrir un acto presunto y sí a la Administración a resolver, de forma expresa”.

STC 52/2014, de 10 de abril de 2014

No es posible establecer un plazo de caducidad para interponer recurso-contencioso administrativo en los casos en que la Administración no ha dado respuesta a la petición efectuada por el administrado, al ser contrario a la tutela judicial efectiva.

El plazo del art. 46.1 LJCA se flexibiliza en interés del acceso a la justicia por ciudadanos con intereses legítimos frustrados o perjudicados por la inactividad administrativa.

“Si el silencio negativo es una institución creada para evitar los efectos paralizantes de la inactividad administrativa, es evidente que ante una resolución presunta de esta naturaleza el ciudadano no puede estar obligado a recurrir, siempre y en todo caso, so pretexto de convertir su inactividad en consentimiento con el acto presunto, exigiéndosele un deber de diligencia que no le es exigido a la Administración”.

Ídem.

Los límites a la información judicial y el derecho a un proceso público

En la sinopsis del artículo 120 de la Constitución Española obrante en la web del Congreso de los Diputados de España, la Letrada de las Cortes Martí Sánchez cita oportunamente al periodista y político revolucionario H. G. Riquetti (Conde de Mirabeau):

«Dadme al juez que queráis; parcial, venal, incluso mi enemigo; poco me importa con tal de que nada pueda hacer si no es cara al público«

Indudablemente, el derecho a un proceso público es una garantía para el justiciable, pero también para la colectividad. La sociedad, para formar el juicio y su toma de decisiones, debe tener acceso a la información de lo que ocurre en la Administración de Justicia. El ciudadano no es indiferente ante lo que ocurre en el Poder Judicial, dado que se trata de un servicio público que se nutre del erario público y que decide decisivamente sobre la modificación de la conducta humana, por lo que afecta igualmente al bienestar y seguridad de la población general.

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Proxychains: la falta de cooperación judicial internacional como base del anonimato en Internet

Resulta ingenuo pensar que existe verdadero anonimato en Internet. Cuando entramos, inevitablemente, nuestros actos tienen reflejo en una red que ha mutado, aun mínimamente. Por ello, los neuróticos de la privacidad y los ciberdelincuentes suelen recurrir a métodos como ocultar la petición de origen bajo otra dirección IP utilizando, por ejemplo, un servidor proxy.

Una conexión del comando cUrl proxificada con proxychains, que permite encadenar proxies para tratar de dificultar la identidad de la IP de origen
Proxychains en acción, proxificando cUrl

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