Categoría: derecho administrativo

La Ley de antenas colectivas «in a nutshell»

¿Puedo instalar una antena en la azotea? ¿Necesito permiso para instalarla? ¿Puedo utilizar la antena del vecino? ¿Pueden quitarme mi antena del tejado? ¿Es obligatorio instalar una antena colectiva? ¿Se puede modificar una instalación ya existente para recibir otro tipo de contenido? ¿Se la comunidad de propietarios negarse a la instalación de mi antena?

En menos de cinco minutos tendremos todas las respuestas.

Real Decreto-ley 1/1998, de 27 de febrero, sobre infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación

Objeto
(art. 1.1)
Las infraestructuras comunes de acceso a servicios de telecomunicaciones en edificios, así como los derechos de propiedad horizontal, propietarios y arrendatarios para conectarse o adaptar esas infraestructuras.
Definición
(art. 1.2)
Infraestructuras comunes son todo aquello instalado o que pueda instalarse en un edificio para:
a) Captar señales de radio y televisión terrenal hasta viviendas o locales
b) Teléfono y telecomunicaciones por cable hasta viviendas o locales
c) Aquellos servicios que no cumpliendo los fines anteriores, se puedan adaptar para ello.
Ámbito de aplicación
(art. 2)
Aplica a todos los edificios, nuevos o viejos, que estén acogidos o deban acogerse a la propiedad horizontal, así como edificios que parcial o totalmente hayan sido arrendados por > 1 año (salvo edificios de una sóla vivienda)
Obligación licencia de construcción
(art. 3)
No se darán licencias de construcción / rehabilitación si en el proyecto no se ha previsto la instalación de una infraestructura común que cumpla las funciones del art. 1.2, debiendo incluir su coste de implantación en el coste total de la construcción.
Solicitud de instalación
(art. 4)
En edificios ya construidos, si la comunidad o un propietario deciden hacer una instalación nueva, lo notificarán por escrito al menos 2 meses antes de las obras. La comunidad necesita +1/3 votos favorables de los propietarios que sumen +1/3 del total de cuota de participación.
Si se niegan algunos, no se les pedirá su parte, pero si luego solicitan conectarse pagarán lo que debían + intereses. Se repercutirá el coste pasado 1 mes tras las obras, pero si quien solicita las obras son arrendatarios, tendrán que pagar su parte aunque luego quede todo a disposición del propietario.
Consideración de elemento común
(art. 5)
La infraestructura común es elemento común (art. 10 LPH) a todos los efectos. En edificios arrendados, art. 21 LAU salvo la instalación se solicitase por arrendatarios, siendo entonces a cuenta de estos (art. 5).
Obligatoriedad
(art. 6)
Infraestructura obligatoria en edificios ya construidos si el número de antenas instaladas es +1/3 del numero de viviendas y locales. Quien coloque la suya para recibir servicios debe pagar su instalacion, mantenimiento y retirada, pero podrá repercutir la parte proporcional a quien luego quiera utilizarla también.
Si la Adminsitración competente considera “peligrosa o antiestética” la existencia de antenas individuales. Quienes quieran los servicios que regula esta ley pagarán la instalación de su bolsillo, luego pudiendo repercutir en los propietarios o arrendatarios que se enganchen el importe proporcional correspondiente.
Se podrá eximir de esta obligación si la Administración emite informe diciendo que no puede soportar una instalación así.
Calidad y otras obligaciones
(art. 7)
Las nuevas infraestructuras deben reunir las condiciones de calidad y seguridad de la normativa vigente, especialmente respecto a compatibilidad con instalaciones de agua, gas y electricidad.
Si se instala una nueva infraestructura colectiva, se irán retirando los sistemas individuales, pudiendo estar presente (si lo piden) los propietarios durante su retirada.
Protección de sistemas individuales
(art. 8)
Las comunidades de propietarios o propietarios de edificios deben asegurar que los que tengan sistemas individuales no se vean perturbados por las obras de construcción o adaptación.
Derechos
(art. 9)
Lso copropietarios y arrendatarios tienen derecho de acceso y uso compartido, pudiendo conectarse al sistema común (preferentemente) o a sistemas individuales. Además, tienen derecho a, si no existe infraestructura común, instalar una propia para los fines de esta Ley.
Recibir nuevos servicios
(art. 9)
Si alguien quiere beneficiarse de un nuevo servicio, debe comunicarlo a la comunidad o propietario antes de cualquier obra. Deben contestarle en 15 días, y sólo se podrán negar si ya existe esa infraestructura o se va a instalar en lo próximo. Si se acepta y monta su infraestructura privada y luego alguien quiere beneficiarse, deberá pagar la parte proporcional correspondiente a su coste.
Consideración de mejora
(art. 10).
La instalación o adaptación de infraestructuras de este tipo son consideradas obras de mejora (art. 22 LAU)
Sanciones
(art. 11)
Promotor/constructor que en nuevos edificios no establece infraestructura común de telecomunicaciones: Sanción muy grave (de 5 a 50 mill. Ptas)
Incumplimiento copropietarios/arrendatarios art. 6. Sación leve (hasta 5 mill. Ptas).

El competente para sancionar es el Secretario General de Comunicaciones del Ministerio de Fomento, de oficio o por denuncia, previa tramitación de expediente administrativo en base a “la legislación de telecomunicaciones” y normativa de Procedimiento Administrativo Común.

El derecho a pabellón militar

En el Dictamen del Consejo de Estado 1070/2017 relativo al Proyecto de Real Decreto por el que se aprueba el Estatuto del Organismo Autónomo Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa., de fecha 14/12/2017, se habla de la elaboración de un plan a redactar por la Subsecretaría de Defensa y el Consejo Rector del INVIED dedicado a establecer las medidas aplicables a las políticas de pago de compensaciones económicas, adjudicación de viviendas militares en régimen de arrendamiento especial y concesión de ayudas para el acceso a la propiedad privada. Taxativamente permite que el INVIED pueda enajenar las viviendas militares inscritas a su favor. La Ley 26/1999 de 9 de julio, de medidas de apoyo a la movilidad geográfica de los miembros de las Fuerzas Armadas, establece en su articulo 6 que “…el titular del contrato que haya adquirido el derecho de uso de una vivienda militar podrá mantenerlo con carácter vitalicio”. Posteriormente, en el artículo 9 establece la causa de “cambio de situación administrativa” como causa del cese en el derecho de pabellón, pero sólo para el caso de viviendas no enajenables. En cualquier caso, la D.A. 6ª establece que “…en las situaciones administrativas del personal militar, distintas del servicio activo o reserva, el Gobierno determinará reglamentariamente las medidas concretas de las previstas en la presente Ley que son aplicables a las mismas”. En un esfuerzo interpretativo contextual, observamos que la D.A. 8ª de la misma norma, titulada “otras medidas de carácter especial”, se especifique taxativamente que: “El Ministerio de Defensa podrá arbitrar medidas tendentes a facilitar el ejercicio del derecho de uso vitalicio de su vivienda militar a retirados, jubilados, viudos, viudas y, en su caso, a los beneficiarios señalados en el apartado 2 del artículo 6 de la presente, cuyo nivel de recursos económicos individual no supere los límites que reglamentariamente se determine. Con el objetivo de facilitar el ejercicio del derecho de uso vitalicio a los usuarios de las viviendas militares que lo tengan reconocido legalmente, el Ministro de Defensa podrá autorizar el realojo en otra vivienda de similares características, cuando concurran circunstancias excepcionales de carácter humanitario que supongan graves problemas para ejercer el citado derecho en la que tengan adjudicada. Estas circunstancias estarán referidas, exclusivamente, al titular, su cónyuge, e hijos que convivan con ellos. ” El propio INVIED hace referencia a la citada ley como rectora de su regulación, lo cual se pone de manifiesto a efectos de publicidad y confianza legítima, estableciéndose que los usuarios de vivienda militar adjudicada con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley antedicha [11/7/1999] concede a su legítimo titular contractual el derecho de uso con carácter vitalicio sobre la vivienda militar, alcanzando como beneficiarios, en caso de fallecimiento de aquél, al cónyuge que conviviera con él al tiempo del fallecimiento, y las personas que se relacionan a continuación, si hubieran convivido con el titular los dos años inmediatamente anteriores al fallecimiento. El mantenimiento del derecho se condiciona a que la vivienda constituya la residencia habitual del titular o beneficiario. La propia INVIED establece que los que hubieran obtenido derecho a ocupación de la vivienda con posterioridad a 1999 perderán su derecho por circunstancias tales como cambios en la situación administrativa, conforme al art. 9 de dicha Ley y el artículo 31 del Estatuto del INVIED O.A., aprobado por Real Decreto 1080/2017. Para el caso de viviendas militares enajenables, el derecho de uso vitalicio se convierte en derecho de compra que el usuario puede ejercer libremente de manera voluntaria, pudiendo continuar en el régimen de arrendamiento en caso de no ejercerlo. Los titulares de vivienda militar enajenable, mientras la ocupen, no podrán acceder a percepciones económicas, viviendas en régimen de arrendamiento especial, ayudas de acceso a la vivienda privada, ni adquirir vivienda por procedimiento de concurso, ni a cualquier otra ayuda del Ministerio de Defensa. El Estatuto de INVIED O.A., aprobado por Real Decreto 1080/2017 de 29 de diciembre, establece el desarrollo de la Ley anteriormente descrita, derogando las anteriores normativas. No obstante, declara en su D.A. 4ª expresamente la vigencia de la Orden Ministerial 26/1993, de 17 de marzo, por la que se regula el régimen aplicable a las viviendas contempladas en el artículo 44 del Real Decreto 1751/1990, de 20 de diciembre y la Orden Ministerial 127/1993, de 28 de diciembre, por la que se fijan los nuevos cánones de uso de las viviendas contempladas en el artículo 44 del Real Decreto 1751/1990, de 20 de diciembre, reguladas por la Orden Ministerial 26/1993, de 17 de marzo. El artículo 19 del Estatuto establece que todas las viviendas militares se integran en el patrimonio de INVIED O.A y que las viviendas militares no enajenables se cederán en régimen de arrendamiento especial, teniendo en cuenta que las no enajenables son aquellas que bajo ningún concepto INVIED se desharía de ellas, tales como bases, lugares estratégicos, etc. y dicho alquiler tendrá varios condicionantes. También establece el artículo que las viviendas militares que no sean las anteriores podrán enajenarse sin problema. El artículo 20 determina el derecho de uso de la vivienda militar estableciendo taxativamente que “el que con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 26/1999, de 9 de julio, hubiera adquirido el derecho de uso de una vivienda militar, como titular de contrato, podrá mantenerlo con carácter vitalicio, sin perjuicio de las causas de resolución que se establecen en el artículo 10 de la referida norma legal.” Art. 10 de la referida ley, establece las siguientes causas: – Falta de pago – Subarriendo – Daños dolosos / obras sin autorización – Actividad molesta, insalubre, nociva, etc. – Deje de ser vivienda habitual – Disponga de otra vivienda adjudicada – Fallezca sin beneficiarios de prórroga – Modificación de destino por orden público, indemnizable 36 mensualidades – Extinción causas del artículo 6 A su vez, esta remisión al artículo 6, que dice: “1. – El titular del contrato de derecho de uso de una vivienda militar podrá mantenerlo vitalicio 2. En caso de fallecimiento […] 3. En los casos de viviendas que, por sentencia firme de nulidad […] 4. La adquisición y mantenimiento del derecho de uso de una vivienda militar está condicionado, en todo caso, a que la misma constituya la residencia habitual del titular o, en su defecto, del beneficiario que se determine. 5. Lo preceptuado en los apartados anteriores se entenderá, en todo caso, sin perjuicio de lo que se determina en el artículo 9 para la pérdida del derecho de uso de las viviendas militares que se declaren expresamente como no enajenables y se ocupen a partir de la entrada en vigor de esta Ley, y de lo dispuesto en el artículo 10 sobre resolución de contratos de las viviendas militares” En el apartado 5 del artículo 20 citado al principio, se vuelve a establecer otra limitación: “Lo preceptuado en los apartados anteriores se entenderá, en todo caso, sin perjuicio de lo que se establece en el artículo 23, sobre resolución de contratos de viviendas militares, y en el artículo 31, sobre pérdida del derecho de uso de las viviendas militares no enajenables, ambos de este estatuto”. Vamos ahora al artículo 23 que vuelven a ser causas de resolución de los contratos: – Falta de pago – Subarriendo de vivienda – Daños dolosos / obras no autorizadas – Actividades molestas, insalubres, nocivas, peligrosas o ilícitas. – Deje de ser la vivienda habitual del beneficiario – Disponga de otra vivienda adjudicada – Fallezca sin beneficiarios – Modificación del destino por interés pública – Modificación de destino por división horizontal – No agotamiento de la edificabilidad con arreglo al planeamiento urbanístico en vigor – Ruina – Conservación ruinosa, con aceptación del titular o beneficiario – Extinción de la causa que otorgó el derecho a vivienda, del artículo 20 – ¡Otra vez el artículo 20, volvemos a empezar! Es ciertamente ridículo este bucle legislativo. La ley remite al reglamento para las causas, que cita unas cuantas sin perjuicio de unas de la ley, y la ley dice unas cuantas y vuelve a remitir al reglamento para las causas… En el apartado 3 del artículo 23, dice también que si se dan los casos anteriores [los que no son imputables al titular], el titular del derecho de uso puede optar entre ser realojado en otra vivienda militar similar – si la hay – o recibir una indemnización de 36 mensualidades o, “si fuera mayor, en una cantidad igual al 70% del valor real del mercado cuando el usuario cuente menos de 20 años, minorando, a medida que aumenta la edad, en la proporción de un uno por ciento menos por cada año más, con ciertos límites.

La extensión de efectos de sentencias del contencioso-administrativo por la vía del art. 110 LJCA

Existen dos «tipos» fundamentales de pronunciamiento en sentencias en el orden contencioso-administrativo: las que anulan un acto administrativo y las que, además de anular, reconocen una «situación jurídica individualizada». Quedáos con ese concepto.

La STS 18/10/2010 establece que «las sentencias estimatorias tienen eficacia de cosa juzgada y producen efectos directos en el ámbito de las relaciones jurídico-materiales. Si bien, para la determinación de su ámbito subjetivo, resulta necesario distinguir aquellas que acogen pretensiones de anulación de aquellas otras que acogen pretensiones de plena jurisdicción«, recordando que en las primeras [anulación] «el fallo se limita a declarar no ser conforme a Derecho y, consecuentemente, a anular total o parcialmente el acto«. En las segundas [plena jurisdicción] «la parte dispositiva reconoce, además, una situación jurídica individualizada«, o lo que es lo mismo, un «derecho subjetivo» al que se aparejan «cuantas medidas sean necesarias para el pleno reestablecimiento de la misma«, ex arts. 31.2 y 71.1.b LJCA.

Conforme a la misma sentencia, el art. 110 no debe aplicarse respecto a las sentencias estimatorias de pretensiones de anulación a la que les resulta de aplicación el art. 72.2 LJCA, produciendo efectos entre las partes y para todas las personas afectadas. Así, la jurisprudencia es constante en el reconocimiento de la eficacia erga omnes de la sentencia estimatoria del recurso «en cuanto anula el acto impugnado«. Así, si «la eliminación del acto o disposición impugnada en vía jurisdiccional da lugar a la desaparición del presupuesto necesario para la formulación de pretensiones que pudieran ser objeto de ulteriores recursos«, no procede realizar pronunciamientos o consideraciones sobre una resolución «que ha desaparecido del mundo jurídico por virtud de la sentencia anulatoria» [con citas de STS 25/4/1992] por lo que no cabe aplicar extensión algun respecto a la pretensión anulatoria, porque ya ha surtido su efecto con la anulación. Permítanme la expresión popular: «muerto el perro, se acabó la rabia«.

Continúa diciendo que en el actual régimen de alcance subjetivo de las sentencias, aquellas que además de anular reconocen una situación jurídica individualizada sólo producen efecto entre las partes, por lo que en principio procedería «excepcionalmente» la previsión del artículo 110 siempre que se den los requisitos procesales y de fondo, entre todas ellas, que se «haya reconocido una situación jurídica individualizada a favor de una o varias personas» [SSTS 11/12/2006, 19/7/2007, 20/9/2007].

En resumen: no es necesario – y es carne de costas – solicitar la extensión de efectos si otra persona ya ha anulado ese acto por ser contrario a derecho. Cosa distinta es que dicha sentencia reconozca un derecho subjetivo a quien interpone el recurso, en cuyo caso sí es necesario solicitar la extensión de efectos de la sentencia siempre que se cumplan los requisitos procesales.

Deber de sigilo y Ley de Secretos Oficiales

El artículo 18.4 de la Constitución Española reconoce el habeas data, estableciendo limitaciones al uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal de los ciudadanos, así como el pleno ejercicio de tales derechos. Se reconoce, por tanto, un derecho fundamental a la protección de datos de carácter personal.

El Tribunal Constitucional [STC 94/1988] lo ha interpretado en el sentido de considerarlo una garantía para la persona sobre el control de sus datos, así como su uso y destino, con el fin de «evitar el tráfico ilícito de los mismos o lesivo para la dignidad y los derechos de los afectados; de esta forma, el derecho a la protección de datos se configura como una facultad del ciudadano para oponerse a que determinados datos personales sean usados para fines distintos a aquél que justificó su obtención”.

Como sabemos, un derecho fundamental no implica únicamente la existencia de una acción para proteger un derecho, sino que también conlleva la implicación por parte de la Administración, que refuerza la garantía en el ejercicio de ese derecho. Entre todas esas obligaciones de la administración pública se encuentra el deber de sigilo.

Al margen de lo establecido en el artículo 10 de la LOPD’1999 y en el artículo 5 de la LOPD’2018, el deber de sigilo y discrección está previsto específicamente en el art. 80 de la Ley de Funcionarios Civiles del Estado, y la infracción de este deber funcionarial puede constituir tanto una falta administrativa como un ilícito penal, teniendo en cuenta las circunstancias concretas del hecho. Así, cuando la infracción de dicho deber ocasione un perjuicio menor puede ser calificado de infracción administrativa [art. 7.1 RD 33/1986 10 enero del Régimen Disciplinario de los Funcionarios de la Administración del Estado] mientras que cuando adquiera cierta relevancia caerá en el merco del ilícito penal del artículo 417 del Código Penal [revelación de secretos por funcionario público].

Nuestra jurisprudencia [véase al respecto SAN 14/9/2002] establece que el deber de sigilo es una «exigencia elemental y anterior al propio reconocimiento del derecho fundamental a la libertad informática a que se refiere la STC 292/2000”, esencial para la protección de derechos fundamentales “como la intimidad o el derecho a la protección de datos que recoge el artículo 18.4 de la CE«. Véase SSAN 14 septiembre 2002 y 13 abril 2005.

Se ha interpretado que dicho deber no se infringe por el acceso a la información, sino simplemente con no haber actuado conforme a los protocolos existentes para salvaguardar el derecho a la intimidad de la persona cuyos datos se procesan. Concretamente, la misma sentencia citada llega a decir que “el deber de secreto o confidencialidad se infringe desde el momento en que se permite acceder a terceros a los datos en cuestión”, no requiriendo que se produzca la consumación del acto.

Veamos ahora qué ocurre con los secretos militares y, en concreto, con la clasificación de documentos. Conforme al artículo 6 de la «Política de Seguridad de la Información del Ministerio de Defensa«, publicada en el B.O.D. Nº. 103 de 29-5-2006, existen ciertas materias objeto de reserva interna, que tienen la consideración de documentos «confidenciales» y de «difusión limitada«. Conforme al apartado 4 del mismo artículo, se considera «información no clasificada» entre otras, las denominadas de USO OFICIAL, que corresponde a información cuya distribución está limitada al Ministerio de Defensa y órganos relacionados.

El art. 34 del Decreto 242/1969, de 20 de febrero, por el que se desarrollan las disposiciones de la Ley 9/1968, de 5 de abril sobre Secretos Oficiales, establece que la difusión o publicación de material de carácter reservado constituye una falta muy grave, determinándose en el resto de casos la gravedad por el análisis determinado de la naturaleza de la infracción y posibles consecuencias que de ella pudieran derivarse.

Así mismo, en el documento de «Política de Seguridad de las TIC» [CCN-STIC 001] relativas a la Seguridad de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones que maneja información clasificada en la Administración [junio 2016, Centro Nacional de Inteligencia – Ministerio de la Presidencia de España] se establecen los siguientes niveles de clasificación:

Comparativa de clasificación documental. Clasificación nacional, europea, de la OTAN, y categoría según el Esquema Nacional de Seguridad

Ante la posible calificación errónea -o intencional- de un documento confidencial como desclasificado, resulta interesante solicitar al Secretario de Estado Director del Centro Nacional de Inteligencia atento oficio a fin de interpretar y calificar el incidente de seguridad, como así deviene competente por aplicativo del art. 3 de la OM 76/2006 19 mayo por la que se aprueba la política de seguridad de la información del Ministerio de Defensa.

La clasificación errónea de un documento de categoría CONFIDENCIAL en p. ej. USO OFICIAL constituye una infracción grave de la Ley de Secretos Oficiales, conlleva sanciones disciplinarias muy graves y conllevará determinados efectos si quedan incorporados a un procedimiento administrativo. El caso más común es el expediente disciplinario que se califica como desclasificado o uso oficial, de libre acceso al público o limitado a la institución militar, en vez de CONFIDENCIAL.

Respecto al alcance de un pronunciamiento reparador, nada obsta para aplicar el antiguo artículo 46 LOPD’1999 [77.2 de la nueva LOPD’2018], que establecía en su capítulo de «Infracciones y Sanciones» que si las infracciones fueran cometidas en ficheros de titularidad pública o tratamientos cuyos responsables sean de dicha naturaleza, el órgano sancionador debe dictar resolución estableciendo las medidas que procede adoptar para que cesen o corrijan los efectos de la infracción, proponiendo a su vez la iniciación de actuaciones disciplinarias si proceden.

Dichas medidas suelen alcanzar la anulabilidad [con posibilidad de posterior convalidación mediante la facutad de revisión de oficio, por ejemplo] y no la nulidad radical. Debemos tener en cuenta que el TS ha matizado [STS 20/7/2005] que la nulidad «no la provoca cualquier irregularidad procedimental, sino sólo aquellas de gravedad extrema«, definiendo aquello de «ausencia absoluta y total del procedimiento» como aquella actuación administrativa que ha seguido un camino «totalmente diferente» o por «haberse omitido sus principales trámites«.

No hay plazo para interponer recurso contencioso ante silencio

La impugnación contencioso-administrativa de un acto desestimado por silencio administrativo NO está sometida los plazos de caducidad del art. 46.1 LJCA. Así lo ha establecido el Tribunal Constitucional en la sentencia que hoy analizamos.

La Ley no obliga al ciudadano a recurrir un acto presunto y sí a la Administración a resolver, de forma expresa”.

STC 52/2014, de 10 de abril de 2014

No es posible establecer un plazo de caducidad para interponer recurso-contencioso administrativo en los casos en que la Administración no ha dado respuesta a la petición efectuada por el administrado, al ser contrario a la tutela judicial efectiva.

El plazo del art. 46.1 LJCA se flexibiliza en interés del acceso a la justicia por ciudadanos con intereses legítimos frustrados o perjudicados por la inactividad administrativa.

“Si el silencio negativo es una institución creada para evitar los efectos paralizantes de la inactividad administrativa, es evidente que ante una resolución presunta de esta naturaleza el ciudadano no puede estar obligado a recurrir, siempre y en todo caso, so pretexto de convertir su inactividad en consentimiento con el acto presunto, exigiéndosele un deber de diligencia que no le es exigido a la Administración”.

Ídem.

Puntos sin retorno: Actos propios, causación de estado, cosa juzgada, preclusión e improrrogabilidad de los plazos

En Derecho, tanto la acción como la omisión tienen efectos jurídicos. Un no hacer puede tener los mismos efectos (incluso más) que la interposición de cualquier recurso.

Ejemplo de ello es el silencio administrativo (véase las múltiples manifestaciones en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, vgr. artículos 24, 25, 30, 53 y 122), figura jurídica que dota de significado jurídico la inacción de la Administración que puede tener un significado tanto denegatorio (en la mayoría de las veces) como estimatorio. Otro ejemplo es la prescripción extintiva de plazos de ejercicios de acciones, o cuando se causa estado con resoluciones administrativas.

La causación de estado (“causar estado”) implica la reafirmación de una resolución, que se vuelve inamovible, bien por haber transcurrido el tiempo estipulado para su impugnación o por las características mismas del acto.

Es un concepto que guarda íntima relación con el principio de cosa juzgada (res iudicata, artículo 9.3 de la Constitución Española) que se proyecta en términos tales como la imposibilidad procesal de interponer nuevas reclamaciones sobre lo mismo [cosa juzgada formal] y la inatacabilidad de un resultado procesal [cosa juzgada material]. En el plano administrativo, si bien tiene diferencias sustanciales con el jurisdiccional, este principio está plenamente vigente y rige en todo el procedimiento. Un mismo asunto no pueda ser recurrido indefinidamente hasta que la Administración dé una respuesta acorde con lo que quiere el recurrente.

Por múltiples razones, pero especialmente por la seguridad jurídica (también denominada “certeza del derecho”, que impide que existan procedimientos abiertos indefinidamente sobre el mismo objeto y con identidad de sujetos) los procedimientos administrativos (y judiciales) se someten a unos formalismos que tienen unos efectos inmediatos y tajantes, tanto si somos la Administración como un administrado.

Las relaciones entre el ciudadano y la Administración se rige por la denominada doctrina de los actos propios (íntimamente relacionada con el principio de confianza legítima), que resulta de creación jurisprudencial y que, a grandes rasgos, evoca que la acción o dejación del administrado (también de la Administración) tiene determinados efectos que se proyectan en el plano jurídico. De esta forma, cualquier actuacion resulta fijada en el tiempo y es consecuente con su contenido, lo que tiene una evidente proyección hacia el futuro y provoca que no se pueda recurrir algo que nosotros mismos hemos consentido.

Cuando decimos algo a la Administración debemos ser muy consecuentes, dado que las futuras reclamaciones que se hagan van a tener en cuenta lo alegado. Imaginemos que recurrimos una multa diciendo que aparcamos en un sitio donde no había prohibición de aparcar, y tras ser desestimada nuestra petición, decimos que no eramos nosotros quienes conducíamos el coche. La segunda vez tendríamos una negativa tajante de la Administración: no podemos cambiar nuestros alegatos a conveniencia, ni ir en contra de lo que nosotros mismos hemos defendido.

La doctrina de los actos propios, en palabras del Tribunal Supremo,

significa la vinculación del autor de una declaración de voluntad generalmente de carácter tácito al sentido objetivo de la misma y la imposibilidad de adoptar después un comportamiento contradictorio, lo que encuentra su fundamento último en la protección que objetivamente requiere la confianza que fundadamente se puede haber depositado en el comportamiento ajeno y la regla de la buena fe que impone el deber de coherencia en el comportamiento y limita por ello el ejercicio de los derechos objetivos” (STC Sala 5ª 5-1-1999; con doctrina proveniente de la STC 21-4-1998 73/1988).»

Esta doctrina viene a decir que existiendo la oportunidad de recurrir en un procedimiento reglado sujeto a limitaciones formales (tales como recurrir en plazo, invocar los preceptos adecuados, los argumentos relacionados con el caso, etc.) y transcurrido el plazo sin decir nada al respecto, el principio de preclusión procesal (tan íntimamente también relacionado) provoca la firmeza de las resoluciones que no han sido atacadas y, por tanto, devienen firmes e irrecurribles.

La preclusión es el efecto que produce el transcurso de los plazos que prevén las leyes procesales para la realización de determinadas actuaciones, traduciéndose en la imposibilidad posterior de realizar el acto procesal omitido. Se traduce en una pérdida de oportunidad.

El procedimiento está constituido por varias fases, y la inactividad del administrado no es motivo para que el procedimiento se discontinúe, ni es posible retrotraernos al momento anterior (salvo barbarie jurídica por parte de la Administración). Dicho principio queda recogido en el artículo 136 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, pero a su vez es un principio general del derecho con proyección en todas las ramas del ordenamiento jurídico.

Dejar pasar un plazo para recurrir un acto administrativo provoca la firmeza del mismo y su irrecurribilidad. El artículo 134 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (que aclaramos, es de aplicación supletoria) establece igualmente el principio general de improrrogabilidad de los plazos, que impone la obligación inamovible de recurrir en el plazo establecido y no en otro (salvo fuerza mayor).

…transcurrido el plazo o pasado el término señalado para la realización de un acto procesal de parte se producirá la preclusión y se perderá la oportunidad de realizar el acto del que se trate…” (Art. 136 LEC).

El automatismo de los plazos es una necesidad para la recta tramitación de los procesos, siendo de señalar que todos los términos procesales lo son de caducidad y no de prescripción y cuyo carácter preclusivo está informado por la naturaleza propia del ordenamiento procesal, que en aras del orden público de que es fiel reflejo, ha de garantizar la seguridad jurídica (STS 14-10-2004, RC 3634/1996).

…la parte debe efectuar el acto procesal en el término establecido, siendo la consecuencia de su inobservancia la pérdida de la ocasión de realizar la actividad procesal a que afecte…” (AATS 12-2-2013 1364/2013, 28-1-2014 377/2014).

En el ámbito contencioso-administrativo, la preclusión no opera automáticamente, dado que el órgano judicial debe declararla primero y luego notificarla, pudiendo llevar a cabo la actuación omitida el mismo día que se le notifique dicha preclusión, con la excepción de que se trate de recursos (vid. 128 LJCA). Una forma de manifestación en vía administrativa de esta preclusión ocurre cuando se causa estado.

La causación de estado (concepto administrativo que, como se comprobará, tiene completa coherencia con los principios generales del derecho anteriormente anlizados) está expresamente recogida por la jurisprudencia del Tribunal Supremo (a título ejemplificativo, SSTS 21-1-10, 20-7-2007, 6-5-2009 y 16-4-2007) y establece que esa pérdida de oportunidad impiden la reclamación posterior.

se deniega la extensión de efectos porque la resolución había causado estado en vía administrativa, lo que puede ocurrir o bien porque de inicio no la recurrió o porque habiendo recurrido en vía administrativa con posterioridad no promovió recurso contencioso- administrativo, por lo que ha de desestimarse el incidente…

Nuestro Tribunal Constitucional se ha pronunciado en este sentido en numerosas ocasiones. Las normas que rigen la preclusión son de carácter imperativo y de orden público, característico de los preceptos procesales, y deben ser aplicados rectamente (STC 202/1988 31-10-88) dado que los requisitos procesales no se encuentran sometidos al arbitrio de las partes (STC 104/1989 8-6-89, 1/1989 16-1-89).