La indemnización por incumplimiento contractual en la compraventa

Conforme a la Teoría General, los contratos tienen fuerza de ley entre las partes (arts. 1089 y 1091 CC) y se perfeccionan por el mero consentimiento (art. 1.258 CC) obligando no sólo a lo pactado, sino también a todas las consecuencias que procedan según su naturaleza.

En el ámbito mercantil y conforme al art. 54 CCom, “hallándose en lugares distintos el que hizo la oferta y el que la aceptó, hay consentimiento desde que el oferente conoce la aceptación o desde que, habiéndosela remitido el aceptante, no pueda ignorarla sin faltar a la buena fe”.

El método preferente en nuestra legislación ante el incumplimiento contractual es el cumplimiento forzoso in natura, pero se permite igualmente la resolución del contrato con indemnización de daños y perjuicios (art. 1.101 CC) en caso de que el deudor no cumpla o lo haga defectuosamente. El art. 1.106 CC establece que la indemnización no sólo comprenderá el valor de la cosa debida -daño emergente- sino también la ganancia dejada de obtener por el acreedor -lucro cesante-.

Conforme al art. 1.500 CC, el comprador está obligado a pagar el precio de la cosa vendida en el tiempo y lugar fijados por el contrato. El art. 1.505 del mismo cuerpo legislativo establece que la la resolución de la venta ocurre en interés del vendedor cuando el comprador no se presente a recibirla o no haya ofrecido al mismo tiempo el precio.

Reza el art. 1.124 CC que la facultad de resolver las obligaciones se entiende implícita en las recíprocas, para el caso de que uno de los obligados no cumpliere lo que le incumbiere. En su párrafo segundo, puntualiza que “el perjudicado podrá escoger entre exigir el cumplimiento o la resolución de la obligación, con el resarcimiento de daños y abono de intereses en ambos casos”.

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Los requisitos jurisprudenciales en ambas opciones son (1) la existencia de una relación contractual, requiriéndose que el hecho dañoso (impago) acontezca dentro de la rigurosa órbita de lo pactado y como preciso desarrollo del contenido negocial; (2) la existencia de un daño cierto, con enlace lógico entre la acción/inacción y el daño conforme a normas del criterio humano, y (3) la posibilidad de imputar el daño a una persona determinada, debiendo ser indemnizado todo comportamiento doloso, negligente o moroso (al respecto, v.gr. SSTS 11-10-91, 16-12-83, 22-7-95, 29-7-94).




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