Categoría: derecho contractual

¿Cuándo hay costas en el allanamiento parcial por pluspetición en el proceso monitorio?

Cuando reclamamos una cantidad el deudor puede afirmar que no se debe esa, sino otra inferior. A veces se solicita el allanamiento parcial, otras simplemente se nombra como motivo de fondo. Veamos qué ocurre en estos casos.

El allanamiento parcial por pluspetición

Establece el artículo 818 LEC respecto al procedimiento monitorio que “si la oposición del deudor se fundara en la existencia de pluspetición, se actuará respecto de la cantidad reconocida como debida conforme a lo que dispone el apartado segundo del artículo 21 de la presente Ley”.

El artículo 21.2 LEC, por su parte, reza que ante un “allanamiento parcial el tribunal, a instancia del demandante, podrá dictar de inmediato auto acogiendo las pretensiones que hayan sido objeto de dicho allanamiento”. Este allanamiento es escindible de la demanda principal, de forma que el auto será ejecutable y el pleito seguirá subsistiendo respecto al resto de lo reclamado.

Las costas en el allanamiento parcial

En cuanto a las costas, es interesante saber que el artículo 395.1 LEC dice que «si el demandado se allanare a la demanda antes de contestarla, no procederá la imposición de costas salvo que el tribunal, razonándolo debidamente, aprecie mala fe en el demandado» y que «se entenderá que, en todo caso, existe mala fe, si antes de presentada la demanda se hubiese formulado al demandado requerimiento fehaciente y justificado de pago, o si se hubiera dirigido contra él demanda de conciliación«.

Si en la contestación a nuestro procedimiento se produce el allanamiento y consta un requerimiento previo fehaciente (p. ej. burofax con acuse de recibo y certificación de contenido) se podrán imponer igualmente las costas aunque se admitan parcialmente los hechos (como forma de sancionar el pasotismo del demandado).

¿Allanamiento expreso o tácito?

El allanamiento debe ser expreso (SAP La Rioja 14/1/2010) y la oposición es de por sí contraria al allanamiento. Así, cuando nuestra contraparte se oponga a la demanda pero reconozca una parte, tendremos una fantástica prueba endoprocesal de reconocimiento de la existencia de la deuda, pero no se librará (o más bien, no podremos solicitar) Auto por las cantidades reconocidas.

Tampoco nos viene tan mal que no exista allanamiento expreso. El reconocimiento tácito de la deuda (con independencia de su cuantía) en el caso de que el demandado tenga razón en la pluspetición, presumiblemente daría lugar una estimación parcial sin expresa imposición de costas que, aunque parezca que no, en determinados asuntos hace que el peso del mundo te parezca menor.

Imagen: CYKA30095

Cheat sheet: Plazos de acciones civiles y mercantiles básicas

Este cuadro es una primera versión de un proyecto futuro para reunir en una tabla absolutamente todos los plazos procesales.

Tipo Regulación Plazo
Acción real sobre bien inmueble 1963 CC 30 años
Acción de cesación sobre inmueble de propiedad horizontal Art. 7.2 LPH, en ref. 1963 CC 30 años
Acción hipotecaria 1964.1 CC 20 años
Acción personal sin plazo especial señalado 1964.2 CC 5 años
Acción de partición de herencia 1965 CC Imprescriptible
División de la cosa común 1965 CC Imprescriptible
Deslinde 1965 CC Imprescriptible
Pago de pensión alimenticia 1966.1ª CC 5 años
Pago de arrendamientos 1966.2ª CC 5 años
Pagos aplazados por años o plazos más breves 1966.3ª CC 5 años
Pagos de honorarios. Abogados, procuradores, registradores, notarios, escribanos, peritos, agentes, curiales y gastos incurridos 1967.1ª CC 3 años
Pago de medicinas a farmacéuticos, profesores y maestros. 1967.2ª CC 3 años
Pagos a menestrales, criados, jornaleros y suministros o desembolsos relacionados 1967.3ª CC 3 años
Pago de comida y habitación 1967.4ª CC 3 años
Pago a mercader por persona no comerciante 1967.4ª CC 3 años
Acción para recobrar o retener la posesión 1968.1ª CC 1 año
Acción de responsabilidad civil por injuria y calumnia 1968.2ª CC 1 año
Acción de responsabilidad civil derivada de culpa o negligencia del art. 1902 CC 1968.2ª CC 1 año
Acciones indemnizatorias por culpa derivadas de contrato de transporte terrestre de mercancías Art. 79, Ley 15/2009 11 noviembre 1 año
Acciones indemnizatorias por dolo derivadas de contrato de transporte terrestre de mercancías Art. 79, Ley 15/2009 11 noviembre 2 años
Derecho de desistimiento en materia de consumo Art. 68 – 79, RD 1/2007 16 noviembre 14 días naturales
Falta de conformidad con producto de primera mano Art. 123.1, RD 1/2007 16 noviembre 2 años
Falta de conformidad con producto de segunda mano Art. 123.1, RD 1/2007 16 noviembre 1 año, mínimo.
Presunción iuris tantum de falta de conformidad Art. 123.1 in fine, RD 1/2007 16 noviembre 6 meses.
Acción por responsabilidad del vendedor ante el producto Art. 123.4, RD 1/2007 16 noviembre 3 años
Acción por responsabilidad del productor Art. 124, RD 1/2007 16 noviembre Mismos plazos que el vendedor
Acción de regreso del productor/vendedor para quien haya respondido frente al consumidor Art. 124 in fine, RD 1/2007 16 noviembre 1 año
Acción de responsabilidad de agentes de bolsa, corredores de comercio e intérpretes de buques Art. 945 CCOm 3 años
Acción real contra fianza de agentes mediadores Art. 946 Ccom 6 meses
Acciones sociales y del socio excluido Art. 947 Ccom 3 años
Acción para exigir dividendos, pagos por utilidades o capital que detenten los socios Art. 947 Ccom 5 años
Acción social e individual de responsabilidad sobre administradores Art. 949 Ccom, art. 241 bis Ley 31/2014. 4 años
Acción sobre letra de cambio, pagaré, cheque, talón, cupones, dividendos o importe de amortización de obligaciones Art. 950 Ccom 3 años
Acción de revisión de sentencias firmes Art. 512.2 LEC 3 meses
Acción de reconocimiento de error judicial Art. 293 LOPJ, art. 512.2 LEC, ATS 7/3/2018. 3 meses
Acción derivada de contrato de seguro de daños Art. 23 LCS 2 años
Acción derivada de contrato de seguro de personas Art. 23 LCS 5 años
Acción de nulidad Art. 1305 CC Imprescriptible
Acción de anulabilidad Art. 1301 CC 4 años

Esquema conceptual sobre simulacion absoluta y relativa

  • Se parte de la base de los requisitos para la validez del contrato, 1261 CC: Consentimiento, objeto y causa.
  • La causa es el propósito perseguido o motivos para contratar que tienen los intervinientes, y debe ser lícita, existente y válida.
  • Abstracción procesal de la causa, 1277 CC. Se presume iuris tantum la existencia, validez y licitud de la causa aunque no venga recogida en el contrato.

La simulación es la emisión de declaración que se emite pero no es querida en realidad, con el objetivo de engañar a terceros extraños al acto, encubriendo de manera engañosa una declaración sin sentido volitivo.

– DÍEZ PICAZO

En la simulación relativa hay una causa encubierta, y en la absoluta la causa es ilícita o inexistente.

Ejemplos y expresa referencia a los efectos en la herencia:


SIMULACIÓN ABSOLUTA [1275 CC] SIMULACIÓN RELATIVA [1276 CC]
EJEMPLO Para evitar el embargo de la vivienda, un Sr. vende su casa ante notario, acordando paralelamente en documento privado la ineficacia de dicha compraventa y la posibilidad de rescatar la propiedad. Para evitar el pago del impuesto de donaciones, un Sr. lleva a cabo una compraventa sin pago de precio.
DIFERENCIA No encubre otro tipo contractual. Simplemente esconde una causa ilícita [defraudar a los acreedores].

La causa subyacente del contrato no existe, o contraviene una norma imperativa o prohibitiva [vid. 6.3 CC]
Encubre otro tipo contractual válido [es una donación pero se encubre de compraventa].

La causa subyacente del contrato existe y no contraviene norma.
EFECTOS NULIDAD ABSOLUTA

Nulidad de pleno derecho, sin posibilidad de convalidar el acto.

Se vuelve al momento anterior del negocio nulo. Plena eficacia retroactiva.
NULIDAD RELATIVA

Se anula el acto encubridor, y si se cumplen los requisitos solemnes, se convalida el acto encubierto.

Se anula la compraventa y, si cumplió con los requisitos de la donación, se declara que lo fue.
EFECTOS EN LA HERENCIA El bien vuelve a la masa hereditaria, tal cual.

Si el bien fue vendido tras la primera transmisión a terceros de buena fe, se lleva el valor a la masa hereditaria, no el bien en sí.

Si fue vendido a terceros de mala fe, el bien se trae a la herencia.
El valor del bien se lleva a la masa hereditaria en fase de colación, a restar de la hijuela del heredero favorecido por la donación.

Si con la donación se excede de sus derechos hereditarios, el heredero favorecido por la donación tendrá que compensar en dinero a los demás coherederos.
PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN IMPRESCRIPTIBLE Codigo Civil: 4 años
Jurisprudencia: Relativamente IMPRESCRIPTIBLE. [SSTS 22 de diciembre de 1987, 6 de junio de 1986, 21 de octubre de 1963; SAP Cuenca [Sec. 1ª] 25 de marzo de 2010]

Cuándo prescribe el pago de academias y cursos a distancia


Os cuento un caso sin mucha chicha pero interesante respecto al plazo de los contratos mixtos.

Se demanda a un usuario de un contrato de formación a distancia. Se trataba de un curso de preparación de las oposiciones al cuerpo de Policía Nacional, que supuestamente se había impagado hace más de siete años antes de la interposición de la demanda. Llega un escrito inicial de procedimiento monitorio que dice lo siguiente:

«PRIMERO.- La deudora compró a MÁSTER DEL UNIVERSO, S.A. el material para el seguimiento de un curos de Policía nacional escala básica, según contrato de compraventa debidamente suscrito y que acompañamos como DOCUMENTO UNO.

SEGUNDO. – Las mercancías compradas por la deudora fueron entregadas a su entera conformidad, según se ve en el documento de la primera entrevista y repaso del material recibido que acompañamos como DOCUMENTO DOS.

TERCERO. – La deudora ha impagado del total del precio la suma de 2.715,81 € según se detalla en la certificación de la empresa acompañada como DOCUMENTO TRES, cantidad totalmente vencida y exigible. «

Ojo a cómo trata el demandante de inculcar la calificación del contrato como compraventa, para acogerse al plazo del 1964 CC de -entonces- 15 años. Pues bien, a ese escrito nos oponemos con una única alegación:

«ÚNICO.- Prescripción de la acción

En virtud del artículo 1967 del Código Civil, el plazo para la exigibilidad de obligaciones contraídas por mor de un contrato de enseñanza es de tres años. Tanto si se trata de un pago a un “profesor”, como si se trata de una compraventa a plazos de bienes muebles (harto analizada y definida por la jurisprudencia, por todas vid. SAP Girona de 21 de enero de 2010 Rec 554/2009 , que curiosamente encaja a la perfección en este supuesto) el plazo para el ejercicio de este tipo de acciones es de tres años desde el incumplimiento.

La parte actora no solamente ha evitado nombrar la fecha de último incumplimiento de pago (que señalaría el dies a quo para el ejercicio de la acción), sino que tampoco ha acreditado si hubo reclamación extrajudicial fehaciente de la deuda que interrumpiera la prescripción. A esta parte desde luego no le consta reclamación alguna.

El [DOCUMENTO N. 3] aportado con la demanda ha sido creado claramente ad hoc en un intento de convertir la factura de 2010 en un nuevo título, vencido y exigible para exigir un supuesto incumplimiento de pago habido hace más de 7 años. Ese documento podrá saltar un control ad limine de admisibilidad del monitorio, pero una vez entrado en el fondo, entendemos que no hay razón que le asista.»

A este escrito se opone el demandante, convirtiendo el procedimiento en verbal, afirmando

«…que el contrato es de naturaleza mixta, al tratarse de una compraventa de bienes muebles a plazos y un contrato de enseñanza, y no existir plazo especial para este tipo de contratos, resultando de aplicación el art. 1964 que establece el plazo de 15 años de plazo para el ejercicio de acciones personales sin plazo especial señalado…»

Vamos a la vista. El demandante vuelve a insistir en la alegación anterior, y nosotros hacemos esta alegación en conclusiones:

«En nuestra oposición al procedimiento monitorio, en tanto se hacía referencia a un contrato de enseñanza, alegamos que según el artículo 1967.2 CC, el plazo de ejercicio de la acción es de tres años. Hoy añadimos, conforme a la alegación de mi contraparte de que se trata de un contrato «mixto», que une enseñanza + compraventa de bienes muebles a plazos, que la compraventa de bienes muebles a plazos de persona comerciante a no comerciante, por aplicativo del artículo 1967.4 CC, también es de tres años y que según la jurisprudencia en Sentencias de la Audiencia Provincial de Madrid 448/2010 7 octubre y Audiencia Provincial de Valencia 23 noviembre 2005 en casos idénticos al que nos ocupa, al tratarse de un contrato mixto de plazos establecidos por el Código Civil, e incluso coincidir temporalmente ambos en extensión, no cabe aplicar el plazo residual de 15 años para las acciones no sometidas a plazo especial, en tanto sí que existe plazo especial y que es de tres años para este tipo de contrato mixto. Habiéndose firmado dicho contrato en el año 2010, y habiendo transcurrido ocho años sin ningún tipo de comunicación fehaciente ni cualquier otro tipo de interrupción de la prescripción, creemos que corresponde estimar que ha precluído todo plazo de ejercicio para exigir dicha deuda, entendiendo que procede la desestimación íntegra de la demanda con condena en costas»

La sentencia nos da la razón: estima que la acción se encuentra prescrita por ser aplicable el plazo de 3 años:

«PRIMERO: En el presente caso, para solventar la prescripción de la acción que se sustenta por la parte demandada, y a la que se opone la parte actora, se ha de tener presente que no nos encontramos ante un mero contrato de compraventa, pues además del suministro de materiales pedagógicos, se ofrece una orientación y asistencia docente, que permite la calificación del contrato como atípico, en que se combinan elementos propios del arrendamiento de servicios y de la compraventa.

Ahora bien, no estimamos de aplicación el plazo de 15 años que establece el artículo 1964 del Código civil, sino el de 3 años del artículo 1967.2 del Código civil. Y ello en tanto en cuanto nos encontramos ante una compra bienes aplazada, destinadas al consumo propio del usuario, siendo el plazo de 3 años más acorde con el principio de seguridad jurídica frente al consumidor-comprador, que el plazo de quince años del artículo 1.964 del Código Civil; y habida cuenta que como se ha indicado es un contrato en el que se combinan elementos del contrato de arrendamiento de servicios y del contrato de compraventa, este tipo de contratos mixtos, según la doctrina jurisprudencial han de ser interpretados conforme a la normativa del contrato dominante, que ha de prevalecer en el normal de los supuestos, de manera que aún establecida la hipótesis que la compra (al efectuarse una sola entrega de todo el material didáctico que ha de servir para la obtención de la formación) pueda constituir la prestación básica, no puede obviarse que la razón última y esencial de ésta compra es la obtención de la formación precisa para, como es este el supuesto, alcanzar la titulación a que va destinada dicha formación, por lo que el seguimiento y orientación para obtener el «título» que imparte la actora es el fin esencial del contrato « (en dicho sentido se pronuncia la Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 17a) Sentencia núm. 213/2011 de 3 mayo. AC 2011\132).

En cuanto al dies a quo para el cómputo del plazo prescriptivo, teniendo en cuenta que no contamos con datos sobre el último pago efectuado por la demandada, y que según resulta del contrato, el último pago debía efectuarse el 10 de julio de 2012, habida cuenta que la demanda rectora de esta litis se interpone el 15 de marzo de 2017 (fecha de envío vía lexnet), resulta meriadamente claro que la acción estaba prescrita, razones que llevan a la desestimación de la demanda.

SEGUNDO: En cuanto a las costas, dado que se ha producido una desestimación de la demanda, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 394 de la LEC, procede su imposición a la parte actora.

FALLO

QUE DEBO DESESTIMAR Y DESESTIMO LA DEMANDA interpuesta por MASTER DEL UNIVERSO, S.A…

La acción de regreso entre coavalistas «in a nutshell»

La SAP Madrid, Sección 25ª, 367/2012 de 6 de julio [JUR 2012\271370], ponente Illmo. Sr. Delgado Rodríguez, es una de esas joyas de la jurisprudencia menor que sintetiza una institución compleja desde una rigurosidad extrema con la jurisprudencia del Tribunal Supremo y, a su vez, haciendo gala de una claridad expositiva envidiable. Esta sentencia analiza toda la problemática que rodea a la acción de regreso entre cofiadores de manera extensa, y con mi humilde contribución, trato de resumir dicha sentencia a modo de máximas con el objetivo de servir de orientación a juristas, si bien recomiendo leerla también.

  1. LA FIANZA GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO DEL DEUDOR PRINCIPAL. El contrato de fianza tiene como finalidad garantizar el cumplimiento de una obligación mediante la asunción por un tercero del compromiso de responder del cumplimiento de las mismas [SSTS 18/11/63, 26/5/1950].
  2. SE PUEDE PACTAR CONTRA LA SUBSIDIARIEDAD DEL BENEFICIO DE EXCUSIÓN. Por lo general, el fiador sólo se obliga cuando el deudor principal no cumple con la obligación. No obstante, se puede pactar la solidaridad, e incluso no es necesario pactarla si se desprende de la obligación la intención de obligarse «in soldium» [1831.2 CC, STS 23/6/2003].
  3. EXISTE LA SOLIDARIDAD TÁCITA. Ocurre cuando existe una comunidad jurídica de objetivos, manifestándose por una conexión interna entre los mismos. PLURALIDAD DE DEUDORES + UNIDAD DE OBJETO + HECHO ÚNICO DEL QUE SE GENERAN OBLIGACIONES PARA TODOS [SSTS 19/4/2001, 17/5/2001, 26/7/2001, 18/12/2000].
  4. EL ACREEDOR CONTRA TODOS LOS DEUDORES, Y LOS DEUDORES ENTRE SÍ. El acreedor tiene la facultad de dirigirse contra cualquiera de los deudores [1144 CC] y los deudores pueden dirigirse por acción de regreso frente a los demás [1145 CC].
  5. EL COFIADOR PUEDE DIRIGIRSE CONTRA LOS DEMÁS SIN NECESIDAD DE EXTINCIÓN TOTAL DE LA DEUDA. El artículo 1844 CC permite a cualquier cofiador que ha pagado dirigirse frente a los que no, y reclamar de cada uno la parte que correspondiera proporcionalmente satisfacer.
  6. EL COFIADOR DEBE SER COMPELIDO AL PAGO, Y SU PAGO DEBE BENEFICIAR A LOS DEMÁS. No es válido asumirlo por propia voluntad, en tanto se pretende evitar un pago imprudente, prematuro o malicioso. El pago por el codeudor debe beneficiar a los demás, y se entiende que beneficia por ej. cuando el pago impide el devengo de intereses moratorios, o para evitar que se entable un proceso judicial por el acreedor contra los deudores [SSTS 19/11/1982, 7/7/1988, 2/12/1988].
  7. LA ACCIÓN DE REINTEGRO DEL COFIADOR ES UNA APLICACIÓN MÁS DEL ART. 1145 CC. Dicha solicitud se ampara en la remisión del art. 1822.2º CC, de la misma forma que el art. 1145 CC permite la reclamación a los codeudores por vía de subrogación ex. 1210.3º CC. Además, el deudor que ejerza la acción sólo puede pedir a los demás su parte, y no la totalidad de la deuda [SSTS 5/2/2007, 20/7/2007]
  8. ES COMPATIBLE LA ACCIÓN DE REEMBOLSO CONTRA EL DEUDOR PRINCIPAL ACUMULADA A LA ACCIÓN DE REGRESO FRENTE A LOS CODEUDORES QUE NO HAN PAGADO [STS 3/7/1998]
  9. NO ES NECESARIO DEMANDAR PREVIA O SIMULTÁNEAMENTE AL DEUDOR PRINCIPAL [SSTS 29/11/1997, 30/3/2001].
  10. LA EXIGENCIA DEL 1844.3 CC PIERDE EFECTO CUANDO EL PAGO REALIZADO POR UN FIADOR ES BENEFICIOSO PARA TODOS [SSTS 16/7/1999, 7/6/1991, 4/5/1993, 24/5/1994, 29/11/1997]

La ausencia de consentimiento del acreedor en la asunción de deuda

El art. 1205 CC establece que la asunción de deuda o novación con efectos liberatorios (sustitución del nuevo deudor en lugar del primitivo) puede hacerse sin conocimiento del deudor, pero nunca sin el consentimiento expreso del acreedor [STS 25 abril 1975].

Según la más autorizada jurisprudencia, cuando la asunción de deuda por sujeto ajeno a la relación originaria no es consentida por el acreedor, constituye una asunción cumulativa de deuda, y que supone la incorporación de un nuevo obligado solidario que refuerza la garantía de pago y que, por otra parte, no libera al deudor originario [STS 590/2015 de 5 noviembre] conforme al dictado del art. 1205 CC.

La asunción de deuda liberatoria nunca se presume, ni se puede inferir de conjeturas, sino que debe constar de manera inequívoca, sin que sea suficiente el mero conocimiento de la operación [STS 162/2007 8 febrero], ni pudiéndose considerar aceptación tácita de la cesión el haber demandado también al adquirente [SSTS 990/1996 25 de noviembre; 433/1997 20 mayo; 552/2003 10 junio; 72/2005 14 de febrero; 280/2005 29 abril; 841/2010 20 diciembre].

Herencia y nulidad relativa: La legitimación activa corresponde únicamente a herederos forzosos y legitimarios

«…Así, debe resaltarse de inicio que la simplicidad del planteamiento que se censura a la sentencia se corresponde con los propios hechos y causa de pedir de la demanda que no es otra que, negando que la firma estampada en el documento privado fuera realizada por la mano de la vendedora-causante, deducir de ello la falta de consentimiento real, libre y voluntario a una transmisión «intervivos» a favor de sus dos hermanos -tíos de los actores- que podría ser perfectamente válida y amparable como expresión de la voluntad, sea bajo la causa de una compraventa o sea, bajo esta cobertura formal, mediante una donación encubierta, que fue lo que años después vino a reconocer, en sede de diligencias preliminares, la esposa de uno de los compradores (D. Juan Alberto ), de cuyo interrogatorio en juicio se prescindió, y cuya acción ya no sería la de la nulidad absoluta sino la relativa, despojando desde entonces de legitimación activa a los actores al estar reservado únicamente a los herederos forzosos o legitimarios (por todas, STS de 24 de octubre de 1995)…»

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El plazo de la acción de petición de herencia y correlativa usucapión. Parte I.

Es terriblemente común encontrarnos con el problema del plazo en el ejercicio de la acción de petición de herencia y la usucapión de los bienes hereditarios. Como ahora veremos, es un tema no exento de polémica jurisprudencial desde hace más de cien años, con interpretaciones a veces contrarias, pero todas lógicas. Empecemos. Seguir leyendo «El plazo de la acción de petición de herencia y correlativa usucapión. Parte I.»

Notas jurisprudenciales sobre el levantamiento del velo de la personalidad jurídica

El levantamiento del velo es un remedio a un tipo de fraude que trata de aprovecharse de la autonomía patrimonial societaria. El fraude en concreto al que nos referimos se aprovecha del artículo 1 de la Ley de Sociedades de Capital y 35 del Código Civil que establece la separación de patrimonios, esto es, la diferenciación de los patrimonios de una persona jurídica, ya sea respecto a otra empresa o de una persona física.

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