Categoría: derecho mercantil

¿Cuándo hay costas en el allanamiento parcial por pluspetición en el proceso monitorio?

Cuando reclamamos una cantidad el deudor puede afirmar que no se debe esa, sino otra inferior. A veces se solicita el allanamiento parcial, otras simplemente se nombra como motivo de fondo. Veamos qué ocurre en estos casos.

El allanamiento parcial por pluspetición

Establece el artículo 818 LEC respecto al procedimiento monitorio que “si la oposición del deudor se fundara en la existencia de pluspetición, se actuará respecto de la cantidad reconocida como debida conforme a lo que dispone el apartado segundo del artículo 21 de la presente Ley”.

El artículo 21.2 LEC, por su parte, reza que ante un “allanamiento parcial el tribunal, a instancia del demandante, podrá dictar de inmediato auto acogiendo las pretensiones que hayan sido objeto de dicho allanamiento”. Este allanamiento es escindible de la demanda principal, de forma que el auto será ejecutable y el pleito seguirá subsistiendo respecto al resto de lo reclamado.

Las costas en el allanamiento parcial

En cuanto a las costas, es interesante saber que el artículo 395.1 LEC dice que «si el demandado se allanare a la demanda antes de contestarla, no procederá la imposición de costas salvo que el tribunal, razonándolo debidamente, aprecie mala fe en el demandado» y que «se entenderá que, en todo caso, existe mala fe, si antes de presentada la demanda se hubiese formulado al demandado requerimiento fehaciente y justificado de pago, o si se hubiera dirigido contra él demanda de conciliación«.

Si en la contestación a nuestro procedimiento se produce el allanamiento y consta un requerimiento previo fehaciente (p. ej. burofax con acuse de recibo y certificación de contenido) se podrán imponer igualmente las costas aunque se admitan parcialmente los hechos (como forma de sancionar el pasotismo del demandado).

¿Allanamiento expreso o tácito?

El allanamiento debe ser expreso (SAP La Rioja 14/1/2010) y la oposición es de por sí contraria al allanamiento. Así, cuando nuestra contraparte se oponga a la demanda pero reconozca una parte, tendremos una fantástica prueba endoprocesal de reconocimiento de la existencia de la deuda, pero no se librará (o más bien, no podremos solicitar) Auto por las cantidades reconocidas.

Tampoco nos viene tan mal que no exista allanamiento expreso. El reconocimiento tácito de la deuda (con independencia de su cuantía) en el caso de que el demandado tenga razón en la pluspetición, presumiblemente daría lugar una estimación parcial sin expresa imposición de costas que, aunque parezca que no, en determinados asuntos hace que el peso del mundo te parezca menor.

Imagen: CYKA30095

Cheat sheet: Plazos de acciones civiles y mercantiles básicas

Este cuadro es una primera versión de un proyecto futuro para reunir en una tabla absolutamente todos los plazos procesales.

Tipo Regulación Plazo
Acción real sobre bien inmueble 1963 CC 30 años
Acción de cesación sobre inmueble de propiedad horizontal Art. 7.2 LPH, en ref. 1963 CC 30 años
Acción hipotecaria 1964.1 CC 20 años
Acción personal sin plazo especial señalado 1964.2 CC 5 años
Acción de partición de herencia 1965 CC Imprescriptible
División de la cosa común 1965 CC Imprescriptible
Deslinde 1965 CC Imprescriptible
Pago de pensión alimenticia 1966.1ª CC 5 años
Pago de arrendamientos 1966.2ª CC 5 años
Pagos aplazados por años o plazos más breves 1966.3ª CC 5 años
Pagos de honorarios. Abogados, procuradores, registradores, notarios, escribanos, peritos, agentes, curiales y gastos incurridos 1967.1ª CC 3 años
Pago de medicinas a farmacéuticos, profesores y maestros. 1967.2ª CC 3 años
Pagos a menestrales, criados, jornaleros y suministros o desembolsos relacionados 1967.3ª CC 3 años
Pago de comida y habitación 1967.4ª CC 3 años
Pago a mercader por persona no comerciante 1967.4ª CC 3 años
Acción para recobrar o retener la posesión 1968.1ª CC 1 año
Acción de responsabilidad civil por injuria y calumnia 1968.2ª CC 1 año
Acción de responsabilidad civil derivada de culpa o negligencia del art. 1902 CC 1968.2ª CC 1 año
Acciones indemnizatorias por culpa derivadas de contrato de transporte terrestre de mercancías Art. 79, Ley 15/2009 11 noviembre 1 año
Acciones indemnizatorias por dolo derivadas de contrato de transporte terrestre de mercancías Art. 79, Ley 15/2009 11 noviembre 2 años
Derecho de desistimiento en materia de consumo Art. 68 – 79, RD 1/2007 16 noviembre 14 días naturales
Falta de conformidad con producto de primera mano Art. 123.1, RD 1/2007 16 noviembre 2 años
Falta de conformidad con producto de segunda mano Art. 123.1, RD 1/2007 16 noviembre 1 año, mínimo.
Presunción iuris tantum de falta de conformidad Art. 123.1 in fine, RD 1/2007 16 noviembre 6 meses.
Acción por responsabilidad del vendedor ante el producto Art. 123.4, RD 1/2007 16 noviembre 3 años
Acción por responsabilidad del productor Art. 124, RD 1/2007 16 noviembre Mismos plazos que el vendedor
Acción de regreso del productor/vendedor para quien haya respondido frente al consumidor Art. 124 in fine, RD 1/2007 16 noviembre 1 año
Acción de responsabilidad de agentes de bolsa, corredores de comercio e intérpretes de buques Art. 945 CCOm 3 años
Acción real contra fianza de agentes mediadores Art. 946 Ccom 6 meses
Acciones sociales y del socio excluido Art. 947 Ccom 3 años
Acción para exigir dividendos, pagos por utilidades o capital que detenten los socios Art. 947 Ccom 5 años
Acción social e individual de responsabilidad sobre administradores Art. 949 Ccom, art. 241 bis Ley 31/2014. 4 años
Acción sobre letra de cambio, pagaré, cheque, talón, cupones, dividendos o importe de amortización de obligaciones Art. 950 Ccom 3 años
Acción de revisión de sentencias firmes Art. 512.2 LEC 3 meses
Acción de reconocimiento de error judicial Art. 293 LOPJ, art. 512.2 LEC, ATS 7/3/2018. 3 meses
Acción derivada de contrato de seguro de daños Art. 23 LCS 2 años
Acción derivada de contrato de seguro de personas Art. 23 LCS 5 años
Acción de nulidad Art. 1305 CC Imprescriptible
Acción de anulabilidad Art. 1301 CC 4 años

La acción de regreso entre coavalistas «in a nutshell»

La SAP Madrid, Sección 25ª, 367/2012 de 6 de julio [JUR 2012\271370], ponente Illmo. Sr. Delgado Rodríguez, es una de esas joyas de la jurisprudencia menor que sintetiza una institución compleja desde una rigurosidad extrema con la jurisprudencia del Tribunal Supremo y, a su vez, haciendo gala de una claridad expositiva envidiable. Esta sentencia analiza toda la problemática que rodea a la acción de regreso entre cofiadores de manera extensa, y con mi humilde contribución, trato de resumir dicha sentencia a modo de máximas con el objetivo de servir de orientación a juristas, si bien recomiendo leerla también.

  1. LA FIANZA GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO DEL DEUDOR PRINCIPAL. El contrato de fianza tiene como finalidad garantizar el cumplimiento de una obligación mediante la asunción por un tercero del compromiso de responder del cumplimiento de las mismas [SSTS 18/11/63, 26/5/1950].
  2. SE PUEDE PACTAR CONTRA LA SUBSIDIARIEDAD DEL BENEFICIO DE EXCUSIÓN. Por lo general, el fiador sólo se obliga cuando el deudor principal no cumple con la obligación. No obstante, se puede pactar la solidaridad, e incluso no es necesario pactarla si se desprende de la obligación la intención de obligarse «in soldium» [1831.2 CC, STS 23/6/2003].
  3. EXISTE LA SOLIDARIDAD TÁCITA. Ocurre cuando existe una comunidad jurídica de objetivos, manifestándose por una conexión interna entre los mismos. PLURALIDAD DE DEUDORES + UNIDAD DE OBJETO + HECHO ÚNICO DEL QUE SE GENERAN OBLIGACIONES PARA TODOS [SSTS 19/4/2001, 17/5/2001, 26/7/2001, 18/12/2000].
  4. EL ACREEDOR CONTRA TODOS LOS DEUDORES, Y LOS DEUDORES ENTRE SÍ. El acreedor tiene la facultad de dirigirse contra cualquiera de los deudores [1144 CC] y los deudores pueden dirigirse por acción de regreso frente a los demás [1145 CC].
  5. EL COFIADOR PUEDE DIRIGIRSE CONTRA LOS DEMÁS SIN NECESIDAD DE EXTINCIÓN TOTAL DE LA DEUDA. El artículo 1844 CC permite a cualquier cofiador que ha pagado dirigirse frente a los que no, y reclamar de cada uno la parte que correspondiera proporcionalmente satisfacer.
  6. EL COFIADOR DEBE SER COMPELIDO AL PAGO, Y SU PAGO DEBE BENEFICIAR A LOS DEMÁS. No es válido asumirlo por propia voluntad, en tanto se pretende evitar un pago imprudente, prematuro o malicioso. El pago por el codeudor debe beneficiar a los demás, y se entiende que beneficia por ej. cuando el pago impide el devengo de intereses moratorios, o para evitar que se entable un proceso judicial por el acreedor contra los deudores [SSTS 19/11/1982, 7/7/1988, 2/12/1988].
  7. LA ACCIÓN DE REINTEGRO DEL COFIADOR ES UNA APLICACIÓN MÁS DEL ART. 1145 CC. Dicha solicitud se ampara en la remisión del art. 1822.2º CC, de la misma forma que el art. 1145 CC permite la reclamación a los codeudores por vía de subrogación ex. 1210.3º CC. Además, el deudor que ejerza la acción sólo puede pedir a los demás su parte, y no la totalidad de la deuda [SSTS 5/2/2007, 20/7/2007]
  8. ES COMPATIBLE LA ACCIÓN DE REEMBOLSO CONTRA EL DEUDOR PRINCIPAL ACUMULADA A LA ACCIÓN DE REGRESO FRENTE A LOS CODEUDORES QUE NO HAN PAGADO [STS 3/7/1998]
  9. NO ES NECESARIO DEMANDAR PREVIA O SIMULTÁNEAMENTE AL DEUDOR PRINCIPAL [SSTS 29/11/1997, 30/3/2001].
  10. LA EXIGENCIA DEL 1844.3 CC PIERDE EFECTO CUANDO EL PAGO REALIZADO POR UN FIADOR ES BENEFICIOSO PARA TODOS [SSTS 16/7/1999, 7/6/1991, 4/5/1993, 24/5/1994, 29/11/1997]

Las sociedades extinguidas conservan su personalidad jurídica frente a reclamaciones pendientes que tengan como base pasivos sobrevenidos

La contradictoria jurisprudencia existente sobre si las sociedades mantienen su personalidad jurídica frente a reclamaciones judiciales fue erradicada por la novísima STS 324/2017 de 24 de mayo (unificación de doctrina), que definitivamente cristaliza la máxima de que las sociedades jurídicamente disueltas, liquidadas y canceladas en el Registro Mercantil mantienen su personalidad jurídica frente a reclamaciones pendientes que tengan como base pasivos sobrevenidos.

La interesante sentencia mencionada también apunta que no es necesario solicitar la anulación de la cancelación y la reapertura formal de la liquidación de la sociedad como requisito previo a la reclamación.

La ausencia de consentimiento del acreedor en la asunción de deuda

El art. 1205 CC establece que la asunción de deuda o novación con efectos liberatorios (sustitución del nuevo deudor en lugar del primitivo) puede hacerse sin conocimiento del deudor, pero nunca sin el consentimiento expreso del acreedor [STS 25 abril 1975].

Según la más autorizada jurisprudencia, cuando la asunción de deuda por sujeto ajeno a la relación originaria no es consentida por el acreedor, constituye una asunción cumulativa de deuda, y que supone la incorporación de un nuevo obligado solidario que refuerza la garantía de pago y que, por otra parte, no libera al deudor originario [STS 590/2015 de 5 noviembre] conforme al dictado del art. 1205 CC.

La asunción de deuda liberatoria nunca se presume, ni se puede inferir de conjeturas, sino que debe constar de manera inequívoca, sin que sea suficiente el mero conocimiento de la operación [STS 162/2007 8 febrero], ni pudiéndose considerar aceptación tácita de la cesión el haber demandado también al adquirente [SSTS 990/1996 25 de noviembre; 433/1997 20 mayo; 552/2003 10 junio; 72/2005 14 de febrero; 280/2005 29 abril; 841/2010 20 diciembre].

Notas jurisprudenciales sobre el levantamiento del velo de la personalidad jurídica

El levantamiento del velo es un remedio a un tipo de fraude que trata de aprovecharse de la autonomía patrimonial societaria. El fraude en concreto al que nos referimos se aprovecha del artículo 1 de la Ley de Sociedades de Capital y 35 del Código Civil que establece la separación de patrimonios, esto es, la diferenciación de los patrimonios de una persona jurídica, ya sea respecto a otra empresa o de una persona física.

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